Un reciente informe de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) establece que diversos gobiernos en distintas regiones del mundo hacen un “mal uso” de sus respectivos sistemas judiciales para atacar la libertad de expresión.
El documento, denominado El uso del sistema judicial para atacar la libertad de expresión. Tendencias, desafíos y respuestas, expone que existen evidencias que muestran un incremento de las demandas interpuestas por autoridades contra periodistas, a los que persiguen por supuestamente cometer el delito de difamación.
Por ejemplo, asevera el reporte, “80% de los países del mundo aún criminaliza la difamación”.
Retrocesos
La UNESCO expone que “la campaña mundial para despenalizar la difamación, que estaba ganando fuerza hace una década, ahora enfrenta un retroceso” como resultado de que hay varios países que se encuentran reintroduciendo “la penalización por difamación”. Actualmente, reporta de hecho el organismo, “160 países criminalizan la difamación”.
En general, el informe “aborda las tendencias actuales, los desafíos y las respuestas a nivel mundial sobre la difamación y las leyes relacionadas, con un enfoque especial en prácticas legales abusivas”.
Asimismo, señala que en los últimos cinco años en diversas naciones se aprobaron una serie de nuevas leyes con el fin de combatir la desinformación, el delito cibernético o el discurso de odio, pero “con consecuencias potencialmente nefastas para la libertad de los medios”.
Diversos países, indica, “endurecieron o reintrodujeron disposiciones sobre difamación, calumnia e insultos al establecer nuevas leyes con la intención de abordar la ciberseguridad, las ‘noticias falsas’ y el discurso de odio”.
Además, de acuerdo con la UNESCO, hubo un aumento en el uso de la figura de la difamación civil, “que a menudo resulta en daños desproporcionados y efectos perturbadores en la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas”.
El reporte del organismo también destaca que “al menos 57 leyes y reglamentos adoptados o modificados desde 2016 en 44 países contienen un lenguaje demasiado vago o castigos desproporcionados, lo que pone en peligro la libertad de expresión en línea y la libertad de los medios de comunicación”.
A juicio del organismo de la ONU es de suma importancia que “la cuestión de la difamación, tanto penal como civil, se aborde en las legislaciones nacionales de conformidad con la normativa internacional, desde el punto de vista de la protección de la libertad de expresión y la labor vital de los periodistas”.
Tawfik Jelassi, subdirector general de la UNESCO, expone que el organismo que representa “sigue pidiendo la despenalización de la difamación” y advierte sobre las crecientes tendencias “del uso de los sistemas judiciales para atacar la libertad de los medios de comunicación”.
Prácticas abusivas
El informe también expone que existe un incremento de otro tipo de prácticas abusivas contra quienes ejercen el periodismo, como es el caso del forum shopping, que se refiere “a la práctica de seleccionar el tribunal donde entablar una acción con base en la perspectiva del resultado más favorable, aun cuando no exista o solo exista una tenue conexión entre las cuestiones jurídicas y la jurisdicción”.
Al respecto abunda: “Las demandas estratégicas contra la participación pública por parte de actores poderosos que quieren silenciar las voces críticas y socavar el escrutinio aumentaron en diferentes regiones”.
Tal situación captó “una atención significativa de los defensores y de los organismos internacionales, en particular en Europa”.
La UNESCO explica que el objetivo real de las referidas demandas estratégicas que en muchos casos interponen los funcionarios públicos “no es necesariamente ganar un caso judicial, sino abrumar al acusado a través de procedimientos legales prolongados, costos excesivos, incluso con riesgo de quiebra, además de la carga sicológica relacionada”.
Ese tipo de demandas, añade, “centradas en los cargos de difamación se utilizan con frecuencia para disuadir a los periodistas de avanzar en su trabajo, impidiendo la publicación o motivando la eliminación de ciertos contenidos y disuadiendo a otros de cubrir los mismos temas”.
Pádraig Hughes, director jurídico de Defensa de los Medios de Comunicación de la UNESCO, expone: “El uso de procedimientos judiciales contra periodistas que informan sobre asuntos de interés público es una amenaza creciente a la libertad de prensa del mundo entero”.
En los últimos años, dice, “poderosos individuos, corporaciones y funcionarios gubernamentales adoptaron esta táctica para silenciar y acosar a periodistas independientes”.
Y advierte: “Su defensa jurídica no solo es importante a nivel individual, sino también, de manera más amplia, para evitar que las ideas y la información sean retiradas del espacio público”.
Acosadores
El documento expone un desglose regional que “muestra tendencias preocupantes”. Y en este sentido muestra que “la difamación sigue siendo un delito penal en 39 de los 47 países de África. En tanto, en Asia y el Pacífico 38 de los 44 Estados mantienen la difamación penal, con seis que la derogaron y uno que avanza con una derogación parcial”.
En Europa central y oriental “aumentó el uso de leyes penales de difamación, que están en vigor en 15 de los 25 Estados de la región y la mayoría incluyen la posibilidad de sanciones privativas de libertad”.
Diez países de esta región “abolieron todas las disposiciones generales contra la difamación y el insulto y otros cuatro aplicaron una despenalización parcial”.
Por otro lado, añade, “los delitos de difamación persisten en 29 de los 33 Estados de América Latina y el Caribe; y continúan usándose como armas contra periodistas y blogueros”.
Solo como ejemplo, señala que el gobierno de Nicaragua que encabeza Daniel Ortega utilizó el sistema de justicia y una serie de “leyes abusivas” para encarcelar a principios de año a un grupo de periodistas críticos del régimen.
De hecho, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió al régimen de Ortega “la liberación inmediata de tres directivos del diario La Prensa y dos periodistas de otros medios, condenados por su defensa de las libertades de expresión y de prensa en Nicaragua”.
Los periodistas por los que aboga el organismo son Juan Lorenzo Holmann, Pedro Joaquín Chamorro, Cristiana Chamorro, Miguel Mora y Miguel Mendoza.
Continúa el reporte: “En Europa occidental y América del Norte la difamación criminal permanece en los estatutos de 20 de los 25 Estados, la mayoría conservando las sanciones privativas de libertad. Entre 2003 y 2018 cinco países abolieron las leyes penales de difamación e insultos y otro las derogó parcialmente”.
La UNESCO señala que “frente a ese escenario se aconseja que los Estados deroguen las leyes penales de difamación y las reemplacen por una legislación civil apropiada sobre difamación, en consonancia con los estándares internacionales”.
Asimismo, refiere que “las organizaciones de la sociedad civil y los agentes de los medios de comunicación también deben participar en campañas de promoción y sensibilización para movilizar al público y garantizar el respeto a la libertad de expresión” y al trabajo de los periodistas.
Al mismo tiempo, asevera que la sociedad, a través de sus distintas organizaciones, puede “lograr un impacto significativo al presionar por la abolición de la difamación criminal y contrarrestar este retroceso”.
Por último, señala que “el apoyo jurídico a los periodistas también es fundamental para alentarlos a continuar su labor y pueden dar lugar a cambios jurídicos y normativos concretos y positivos”.
Riesgos
85% de la población mundial experimentó una reducción de la libertad de expresión en sus países en los últimos cinco años.
57 leyes y reglamentos se han aprobado en 44 países para amenazar la libertad de expresión en internet.
80% de los países del mundo criminalizan la difamación.