Nueva York, Estados Unidos, 21 de enero. El presidente Donald Trump ordenó que ningún oficial, empleado o agente federal pueda coartar inconstitucionalmente la libertad de expresión de ningún ciudadano estadunidense, un primer paso hacia su promesa de campaña de desmantelar lo que él denominó la “censura” gubernamental de los ciudadanos de Estados Unidos.
La orden ejecutiva del presidente, emitida apenas unas horas después de que jurara su segundo mandato, surge después de que Trump y sus seguidores acusaran al gobierno federal de presionar a las compañías de redes sociales para que eliminaran publicaciones autorizadas por preocupaciones sobre desinformación.
La orden también instruye al secretario de Justicia, en consulta con otros jefes de agencias ejecutivas, a investigar cómo las acciones del gobierno federal durante los cuatro años del gobierno de Biden podrían haber infringido la libertad de expresión y proponer “acciones correctivas” basadas en los hallazgos.
La orden de Trump, que firmó en el escenario del Capital One Arena junto con una serie de otras acciones ejecutivas, muestra cuán motivado está para combatir lo que él llama el “cartel de la censura” en su primer día en el cargo.
Es una postura ganadora entre sus seguidores, muchos de los cuales sienten que el gobierno federal ha atacado injustamente el discurso de las voces de derecha.
El director general de Meta, Mark Zuckerberg, ha hecho eco recientemente de esa acusación, diciendo que altos funcionarios del gobierno de Biden presionaron a sus empleados para que “censuraran” inapropiadamente contenido durante la pandemia de COVID-19. Elon Musk, el dueño de la red social X, ha acusado al FBI de coaccionar ilegalmente a Twitter antes de su mandato para suprimir una historia sobre Hunter Biden.
Aunque los exejecutivos de Twitter admitieron que cometieron un error al bloquear esa historia justo antes de las elecciones presidenciales de 2020, han negado rotundamente que actuaron en respuesta a la presión gubernamental.
La Corte Suprema el año pasado se puso del lado del gobierno del expresidente Joe Biden en una disputa con estados liderados por republicanos sobre hasta dónde puede llegar el gobierno federal para combatir publicaciones controvertidas en redes sociales sobre temas que incluyen COVID-19 y la seguridad electoral.
La orden ejecutiva de Trump no reconoce la gravedad de las falsedades nocivas difundidas en línea, que han aumentado hasta convertirse en amenazas reales, acoso y violencia dirigida. Hace cuatro años, la propia avalancha de mentiras de Trump sobre las elecciones de 2020 provocó amenazas contra funcionarios electorales y culminó en el ataque al Capitolio de Estados Unidos.
Aún no está claro cómo podría afectar la orden el trabajo que realizan varias agencias de Estados Unidos para rastrear afirmaciones falsas que representan amenazas a la seguridad electoral, incluido el FBI, la Oficina del director de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos, conocida como CISA.