Washington, Estados Unidos, 20 de enero. El Senado de Estados Unidos aprobó este lunes un proyecto de ley que requeriría que las autoridades federales detengan a migrantes acusados de robo y crímenes violentos, la primera medida que el recién investido presidente Donald Trump podría promulgar y que dará más peso a sus planes de deportar a millones de migrantes.
Trump ha hecho del combate a la inmigración ilegal su principal prioridad, y el Congreso, con mayoría republicana y con algunos demócratas dispuestos a colaborar, está demostrando que está listo para seguir el mismo camino.
La aprobación de la Ley Laken Riley —nombrada así por una estudiante de enfermería de Georgia asesinada por un hombre venezolano el año pasado— fue una señal de cómo el Congreso ha virado bruscamente hacia la derecha en seguridad fronteriza e inmigración.
“No queremos que criminales entren a nuestro país”, afirmó Trump a sus seguidores en el Capitolio, añadiendo que esperaba firmar la ley “en una semana o algo así".
Trump ya está dando fin a muchos de los programas fronterizos y de inmigración del expresidente Joe Biden, alejando a Estados Unidos de los intentos del demócrata de implementar políticas de inmigración más humanas en un momento en que números récord de personas llegaban a la frontera con México. La acción rápida sobre la política de inmigración fue prueba de cómo los demócratas ya no oponían resistencia a algunas propuestas para el manejo estricto de la inmigración.
“Si entras en este país ilegalmente y cometes un crimen, no deberías ser libre de vagar por las calles de esta nación”, dijo la senadora republicana Katie Britt, quien ayudó a impulsar el proyecto de ley en el Senado.
La Cámara de Representantes aprobó su versión del proyecto de ley, pero aún necesitará considerar cambios hechos en el Senado.
La legislación requeriría que las autoridades federales detengan a migrantes acusados de delitos como el hurto, así como ofensas que lesionen o maten a alguien, y otorgaría a los estados un nuevo estatus legal para impugnar decisiones federales de inmigración, incluyendo las de jueces de inmigración.
Los críticos del proyecto de ley dicen que esa disposición abrirá la puerta para que los fiscales generales de estados republicanos libren una batalla legal contra las decisiones federales de inmigración, inyectando aún más incertidumbre y partidismo en la política migratoria.