En el marco del Día Internacional de la Democracia, el 15 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recuerda que la independencia de los poderes públicos, y, en particular, del sistema judicial, es fundamental para consolidar y proteger la democracia.
En efecto, la vigencia de los derechos y libertades en las democracias requiere de un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares, y en el que exista un efectivo control judicial de la convencionalidad, constitucionalidad, y legalidad de los actos del poder público.
La CIDH observa con preocupación que en varios Estados de la región se vienen adoptando medidas que erosionan los sistemas de justicia, en particular su capacidad de actuar de forma independiente.
Algunas de estas son: iniciativas legales que buscan remover arbitrariamente, y sin el debido proceso, a jueces y fiscales; nombramientos inadecuados y sin observar los estándares interamericanos en la materia; injerencias indebidas que tendrían como finalidad afectar la deliberación y decisiones judiciales; manipulación e instrumentalización de los sistemas de justicia por parte de grupos con poder político o económico para perseguir a dirigentes políticos u otros operadores de justicia, en especial a quienes luchan contra la corrupción e impunidad; y desacato a decisiones judiciales.