Ginebra, Suiza, 13 de junio. El director de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) indicó estar al tanto de que el gobierno del presidente Joe Biden implementó nuevas restricciones a los solicitantes de asilo que ingresan a Estados Unidos, pero advirtió que algunos aspectos de la orden ejecutiva podrían infringir la protección a los refugiados requerida en el derecho internacional.
Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, habló con la prensa de The Associated Press mientras su agencia daba a conocer este jueves su informe anual “Tendencias Globales” para 2023. Halló que el número acumulado de personas que se han visto obligadas a efectuar un desplazamiento forzado se elevó a 120 millones de personas en ese año, seis millones más que el año previo.
La ACNUR hizo notar que la cifra total equivalía aproximadamente a toda la población de Japón.
El informe de la agencia halló que tres cuartas partes de esas personas desplazadas a la fuerza —incluidos los refugiados que tuvieron que irse al extranjero y la gente desplazada dentro de su propio país— vivían en naciones pobres o de ingreso medio. Grandi insistió que ello era un indicio de cómo los flujos de migrantes y refugiados no eran sólo un problema para el mundo de los países ricos.
Lamentó cómo las crisis en África han sido pasadas por alto en gran medida, en particular en Sudán, donde unos 10.8 millones de personas tuvieron que desplazarse a fines de 2023, luego que se desató un conflicto entre fuerzas leales a generales rivales en abril de ese año.
Grandi dijo que la atención del mundo a las crisis que enfrentan los refugiados y las personas desplazadas internamente se ha centrado principalmente en Gaza —donde estalló un conflicto devastador y letal en octubre del año pasado— y en Ucrania, que ha padecido la invasión de Rusia desde febrero de 2022.
El director de la ACNUR criticó los planes del gobierno de Biden de implementar nuevas restricciones a los migrantes que piden asilo en la frontera —que para algunos son una maniobra política antes de las elecciones nacionales de noviembre—, considerándolas una posible infracción al derecho humanitario internacional.