El Grupo de expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua publicó un informe que identifica por primera vez a decenas de funcionarios del Gobierno, del Ejército y del partido gobernante que, según afirma, son responsables de graves violaciones de derechos humanos , abusos y crímenes que están alimentando una campaña de represión sistemática y generalizada en el país.
Las 54 personas nombradas en el informe, que detalla estructuras institucionales, cadenas de mando y responsabilidades individuales, han desempeñado funciones clave en relación con detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución de la sociedad civil y medios de comunicación, campañas de desnacionalización y confiscación de propiedad privada, indicó el Grupo de expertos.
“Por primera vez, revelamos cómo decenas de personas están vinculadas a las violaciones de derechos humanos y crímenes documentados en nuestros informes anteriores”, dijo el presidente del Grupo.
Según Jan-Michael Simon, el informe pone al descubierto la anatomía de un sistema de gobierno que “ha convertido cada brazo del Estado en un arma contra su propio pueblo”.
Coordinación desde la presidencia hasta los funcionarios locales
El informe de 234 páginas, basado en extensas entrevistas, documentación verificada y fuentes confidenciales, incluye diagramas detallados que identifican las relaciones entre actores estatales y no estatales dentro del aparato gobernante de Nicaragua.
El informe subraya cómo Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes han asumido los títulos de “copresidentes” tras una reforma constitucional en febrero de 2025, han construido un régimen centralizado y represivo que ha cooptado todas las ramas del Gobierno y que ha difuminado los límites entre partido y Estado, destaca el Grupo.
“Lo que descubrimos es un sistema de represión estrechamente coordinado, que se extiende desde la Presidencia hasta los funcionarios locales”, dijo una experta del Grupo.
Ariela Peralta enfatizó que no se trata de incidentes aleatorios o aislados, sino que son parte de una política de Estado “deliberada y bien orquestada”, que es llevada a cabo por actores identificables a través de cadenas de mando definidas.
Llamamiento a la comunidad internacional
Los expertos reiteraron su llamado a que la comunidad internacional tome medidas urgentes y concretas, incluyendo acciones legales, sanciones y mayor apoyo a las víctimas y la sociedad civil.
“Este informe es una hoja de ruta para la justicia”, dijo Reed Brody, experto del Grupo. “Los Estados, fiscales e instituciones internacionales ahora tienen los nombres, las estructuras y las evidencias necesarias para avanzar en la rendición de cuentas”.
La lista de individuos nombrados fue compartida previamente de manera confidencial con el Gobierno de Nicaragua, que continúa rechazando toda cooperación con el Grupo.
El 27 de febrero de 2025, un día antes de que el
informe principal
del Grupo fuera presentado ante el
Consejo de Derechos Humanos
, el Gobierno anunció su retiro del Consejo y de todos sus mecanismos subsidiarios.