Buenos Aires, Argentina, 2 de septiembre. El presidente argentino Javier Milei, un ultraliberal que ha hecho del recorte al gasto público su principal objetivo, vetó la ley de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones promovida por fuerzas opositoras alegando que su implementación desequilibraría las cuentas fiscales.
En un decreto publicado este lunes, el gobierno señaló que, tal como fue aprobada, la ley dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas porque acarrearía una fuente de financiamiento extraordinaria a través de deuda pública o aumento de impuestos.
Luego de que la oposición logró aprobar en agosto en el Senado la norma que contempla un incremento de más de 8% de los haberes previsionales y una nueva modalidad para actualizarlos ante la pérdida de su poder adquisitivo frente a la inflación, el mandatario consideró que representaba un “acto de populismo demagógico” y anunció que la vetaría.
La Cámara de Diputados había dado su aval a la iniciativa en junio, también por el peso mayoritario de los opositores. El oficialismo está en desventaja numérica en ambos recintos.
Tras conocerse el veto presidencial, opositores advirtieron que insistirán con la iniciativa en el Congreso, que de ser aprobada por al menos dos tercios de los presentes en ambas cámaras quedará vigente.
La normativa rechazada por Milei contempla, además del incremento en las jubilaciones y pensiones para compensar la pérdida del poder adquisitivo por la abrupta suba de precios a principios de año, su actualización automática según la inflación mensual y una cláusula anual para aplicar cuando el promedio de los salarios en el país suba más que la inflación.
El gobierno argumentó que todas estas medidas supondrían un gasto que “se incrementaría año tras año” exponiendo a futuras generaciones “a más emisión, deuda, inflación y pobreza”.
Indicó al respecto que las erogaciones adicionales para el Estado serían de 1,02% del Producto Bruto Interno para este año y de 1.64% para 2025.
La norma instruye además al Estado a cancelar sus deudas con varias provincias del país y las sentencias firmes a favor de jubilados que demandaron a la administración.
Opositores criticaron el veto señalando que desde 2017 los haberes previsionales perdieron un 45% de su poder adquisitivo y los bonos que el gobierno otorga a los jubilados cada ciertos meses no alcanzan.
Aunque el Ejecutivo ha logrado desacelerar la subida de precios, el alza del costo de vida en julio fue de 4% y la inflación acumulada en los primeros siete meses del año alcanza el 87% . La inflación interanual está en torno a 263% en momentos en que la jubilación mínima mensual es de algo más de 225 mil pesos (231 dólares) y la canasta de servicios y alimentos para un adulto supera los 291 mil pesos (299 dólares).
En forma paralela al veto, el gobierno oficializó un nuevo bono de 70 mil pesos (71 dólares) para jubilados y pensionados.