Islamabad, Pakistán, 27 de junio. Un importante número de civiles fallecieron o resultaron heridos en ataques en Afganistán desde la llegada al poder del Talibán, a pesar del fuerte descenso en la cifra de víctimas en comparación con los años de guerra e insurgencia previos, indicó Naciones Unidas.
Según un nuevo reporte de la misión de la ONU en Afganistán, UNAMA, entre su toma del poder a mediados de agosto de 2021 y finales de mayo hubo tres mil 774 víctimas civiles, incluyendo mil 095 fallecidos por la violencia en el país.
Esto contrasta con las ocho mil 820 víctimas civiles, entre ellas tres mil 035 decesos, registradas solo en 2020, de acuerdo con un informe previo de la ONU.
El Talibán se hizo con el control de Afganistán en agosto de 2021, coincidiendo con las últimas semanas de la retirada de las tropas de Estados Unidos y la OTAN tras dos décadas de guerra.
Tres cuartas partes de los ataques registrados desde entonces estuvieron causados por artefactos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés) en “zonas concurridas, incluyendo lugares de culto, escuelas y mercados”, indicó el reporte de la ONU. Entre los fallecidos había 92 mujeres y 287 niños.
Las cifras indican un aumento significativo de los daños causados a civiles por ataques con IED en lugares de rezo, en su mayoría pertenecientes a la minoría musulmana chií, frente a los tres años anteriores a la llegada de los talibanes al poder, según un comunicado posterior a la publicación del informe.
Al menos 95 personas perdieron la vida en ataques contra escuelas, centros educativos y otros lugares asociados a la comunidad hazara, de mayoría chií, agregó la nota.
La mayoría de los incidentes con IED fueron perpetrados por la filial en la región del grupo extremista Estado Islámico, llamada Estado Islámico en la Provincia del Jorasán, una milicia suní que se ha erigido como principal ribal del talibán, apuntó el documento.
“Estos ataques contra civiles y objetivos civiles son censurables y deben parar”, dijo Fiona Frazer, jefa de derechos humanos de la UNAMA, al tiempo que pidió al Talibán que “cumpla su obligación de proteger el derecho a la vida” de toda la población afgana.
La ONU señaló sin embargo en su informe que un “número significativo” de los fallecidos se debieron a ataques que nunca fueron reivindicados o que su misión no pudo atribuir a ningún grupo, pero no concretó cuántas víctimas que causaron.
El reporte expresó también preocupación por “la letalidad de los ataques suicidas” desde la llegada al poder de los talibanes, con un menor número de atentados que dejaron más víctimas civiles.
Los ataques ocurrieron mientras el país sufre una crisis financiera y económica, apuntó la ONU. Con el fuerte descenso de las aportaciones de los donantes internacionales desde el cambio de gobierno, las víctimas tienen problemas para acceder a “respaldo médico, financiero y psicológico”, indicó.
Frazer indicó que, aunque los afganos “víctimas del conflicto armado y la violencia” tenían también problemas para acceder a ese tipo de ayuda antes, la situación es mucho más difícil desde que los talibanes gobiernan el país.
“La ayuda a las víctimas de la violencia es ahora aún más complicada de conseguir por el descenso en la financiación de servicios vitales por parte de los donantes”, agregó.
La agencia de la ONU exigió la suspensión inmediata de los ataques y dijo que responsabiliza al gobierno talibán de la seguridad de los afganos.
El Talibán afirmó que su gobierno tomó el control del país cuando estaba “al borde del colapso” y que lograron “rescatar el país y al gobierno de una crisis” con la toma de decisiones sensatas y una buena gestión.
En su respuesta, el ministerio de Exteriores indicó que situación había mejorado gradualmente desde agosto de 2021. “Se ha garantizado la seguridad en todo el país”, indicó el comunicado, que agregó que los talibanes consideran la seguridad de los lugares de culto y los santuarios, incluyendo los chiíes, como una prioridad.
A pesar de las promesas iniciales de un gobierno más moderado, el Talibán aplicó medidas estrictas tras hacerse con el control. Se prohibió la educación femenina más allá de primaria y sacaron a las mujeres afganas de la vida pública y de casi todos los empleos, incluyendo en ONGs y en la ONU.
Las medidas recordaron a su anterior gobierno, a finales de la década de 1990, cuando aplicaron también una estricta interpretación de la ley islámica o sharia. Esos edictos generaron críticas internacionales contra los ya aislados talibanes, cuyo gobierno no ha sido reconocido oficialmente por Naciones Unidas ni por la comunidad internacional.