El gobierno federal, la cancillería y la Cámara de Diputados implementan mecanismos legislativos y legales para detener este comercio ilícito proveniente de Estados Unidos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y el Congreso de la Unión mantienen una constante búsqueda conjunta de mecanismos legales y legislativos para poner freno al incesante tráfico ilícito de armas provenientes de Estados Unidos, un tema que mantiene focos rojos en el gobierno federal debido a las decenas de muertes que ese armamento provoca cada día en manos del crimen organizado.
Tanto López Obrador como Ebrard han sido consistentes en señalar a empresas armadoras norteamericanas que de una u otra manera contribuyen a ese tráfico de armas e incluso impulsan una batalla legal contra esas compañías, además de mostrar al gobierno de EU un “mapa” sobre el envío ilegal de armas a México desde diversos condados de su territorio.
En este sentido el apoyo parlamentario será determinante, por lo que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció una iniciativa de ley que se presentará al Poder Legislativo para que el tráfico de armas ilegales en México se considere un delito grave y frene a los grupos delictivos.
En tanto, la Cámara de Diputados ya dio el primer paso y aprobó de manera reciente una modificación constitucional para que el Ministerio Público (MP) pueda solicitar a los jueces prisión preventiva oficiosa dirigida a quienes delincan en materia de tráfico ilegal de armas de fuego.
Reproche
Hace unas semanas el presidente López Obrador se lanzó contra los fabricantes de armas en EU y los acusó de respaldar campañas electorales de ciertos legisladores para evitar que haya control de armas.
En medio del debate por el papel de México ante la crisis por la adicción al fentanilo en territorio estadunidense, el jefe del Ejecutivo reiteró que dichas compañías son las presuntas proveedoras de armas al crimen organizado mientras que México pone los muertos, en referencia a que es la ciudadanía la principal víctima del tráfico de armas norteamericanas.
“Quienes producen las armas en Estados Unidos también apoyan para sus campañas a senadores y no quieren control de las armas; y nosotros ponemos los muertos. Exactamente, eso es todo”, insistió el mandatario.
Mencionó que el reclamo de su gobierno contra la administración Biden será firme y rechazó cualquier intento intervencionista. “Sin pelearnos. Tranquilos. Muy serenos, pues, les estamos diciendo que entiendan que esto ya cambió”.
Mapa
El mercado ilegal de armas proveniente de EU ha sido por décadas un problema que para México genera violencia y miles de muertos, por lo que el objetivo central de la actual administración es encauzar un diálogo con Washington que permita establecer un entendimiento; después regular ese entendimiento; y finalmente fijar metas comunes y corresponsables entre ambas naciones para regular el tráfico ilícito de suministros bélicos.
Muestra de ello es el mapa que entregó México a Washington con los diez condados de ese país que más producen y contrabandean armas hacia territorio nacional, realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia (Senapi), que en 32 meses lograron establecer datos de todas las armas aseguradas y su procedencia.
Así lo reconoció Ebrard durante su participación en la conferencia El negocio de la letalidad: el tráfico de armas a México, donde expertos nacionales e internacionales coincidieron en que se debe cambiar la lógica de mercado en el que la Unión Americana produce a los farmacodependientes y las armas, mientras que México aporta la violencia y los asesinatos dolosos.
Durante su participación en esa conferencia internacional Ebrard dijo que este tipo de diálogos son sumamente importantes para el futuro de México.
En este foro argumentó por qué un secretario de Relaciones Exteriores tiene que estar hablando de armas y no el de seguridad o de otras áreas: “Estamos tratando de que en la relación con Estados Unidos se reduzca la incertidumbre, tenga previsión; y uno de los principales factores que provoca tensión en la relación bilateral es el campo de la seguridad, particularmente por la acción de algunas agencias, como la Administración de Control de Drogas (DEA, por su siglas en inglés)”, explicó.
Entonces, agregó, “aprobamos nuestro plan de acción común para este año y fijamos las métricas porque esa negociación ha sido de nunca acabar. Pero por el lado de México lo que hemos puesto sobre la mesa es el quid pro quo (una cosa por otra): en materia de seguridad lo esencial es el control de tráfico de armas hacia nuestro país”.
La lógica, dijo, “es que no se puede reducir la violencia con el volumen que tenemos actualmente de tráfico de armas”.
Reflexionó que en buena medida México está frenando el flujo de armas, pero EU, en lo que va del siglo, no ha realizado acciones importantes en esta materia. “¿Por qué? Porque se tomaba el argumento de que el Congreso norteamericano no quiere modificar la ley, de que no se puede restringir a los ciudadanos que tienen el apoyo de diversas enmiendas”.
Y explicó el canciller: “A ellos les preocupan esencialmente los precursores químicos que pasan por nuestro país y la fabricación de fentanilo; a nosotros también nos preocupa. A México lo que le preocupa es que haya un esfuerzo coincidente, proporcional, para reducir ese flujo. Porque es lo que arma a todos los grupos delincuenciales en México y provoca una violencia importante en nuestro país”.
Es más, agregó, “si no reducimos ese flujo es casi impensable disminuir las tasas de violencia que tenemos, nos tomará mucho tiempo. Creo que es un factor determinante, por eso le hemos dado ese nivel de importancia”.
Aseguró que si México no frena esa disponibilidad de armas será muy difícil reducir la violencia. “Por eso es un objetivo estratégico de seguridad de México. ¿Quién les vende estas armas? ¿Dónde se venden? ¿Cuáles son los condados que venden la mayor cantidad de armas incautadas en México?”, expresó.
Como resultado de estas variables, agregó Ebrard, “nos damos cuenta de que el esfuerzo que debe hacer Estados Unidos para frenar drásticamente el flujo a México es muy pequeño, respecto del esfuerzo que México tiene que hacer para controlar los precursores químicos y las drogas que llegan a la Unión Americana. Hay una desproporción de esfuerzos”.
Reconoció que México no estaría pidiendo a EU que haga una operación gigante, difícil, compleja o casi imposible: “Ahí están los lugares en un mapa que acabamos de entregarles”.
Legislar
En territorio mexicano uno de los pasos fundamentales ha sido legislar en materia de tráfico de armas. Durante una reunión con los 32 fiscales del país y la FGR, el titular de la SRE reveló que para considerar como delito grave el tráfico de armas no legales ya se prepara una iniciativa de ley que reforma las disposiciones penales, dirigida a los traficantes de armas.
Otro paso más lo dio la Cámara de Diputados, que modificó el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución para que el MP pueda solicitar a los jueces prisión preventiva oficiosa en todos aquellos casos en que se detecte tráfico ilegal de armas de fuego.
El dictamen —que está en el Senado para sus efectos constitucionales— menciona que la prisión preventiva oficiosa en el caso del tráfico ilegal de armas se posibilitará contra quienes trafiquen ilegalmente para desincentivar esa conducta, pero al mismo tiempo permitirá que se impulsen valores de seguridad, orden y paz en el país y eventualmente auxiliará en la persecución de conductas criminales.
Añade que a la par de ello se admite que se deben mantener y buscar rutas de combate a la delincuencia, en especial a la organizada, lo cual debe mantener su carácter preventivo ordinario. “La delincuencia antes doméstica hoy también es regional y global, lo que exige una respuesta proporcional de los países y de la comunidad internacional en su conjunto”, dice la iniciativa.
Expone que el problema de la introducción de armas, sean o no del uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Área, “ha redundado en la comisión de homicidios, lesiones, tentativas de homicidio, daños a la propiedad federal, delitos diversos y afectación a la economía, la seguridad, incluso nacional, y la paz en México”.
Para los expertos, los Poderes Ejecutivo y Legislativo están cerrando la brecha para presionar a EU en el exterior y en territorio nacional establecer leyes más severas para frenar un flagelo ya insostenible por la cantidad de muertos que genera.