El Salvador, 11 de abril. Human Rights Watch afirmó el viernes que los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador “han sometido a más de 200 venezolanos a desaparición forzada y detención arbitraria” y pidió a las autoridades estadunidenses hacer pública la identidad de quienes fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad salvadoreña para pandillas.
El 15 de marzo, el gobierno estadunidense envió a El Salvador a 238 venezolanos, entre ellos 101 deportados por su situación de migración irregular y otro grupo de presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, que fueron internados en el CECOT. No se tiene información sobre su situación.
Recientemente, un grupo de periodistas nacionales e internacionales visitó el CECOT, pero no se autorizó acceso a la zona donde están internados los venezolanos.
Las autoridades estadunidenses y salvadoreñas no han divulgado la lista oficial de las personas trasladadas a El Salvador. Solo se conocen los nombres de 30 ciudadanos venezolanos que son representados por un grupo de abogados que presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de habeas corpus alegando que no tienen vínculos con grupos criminales, sin que hayan recibido aún repuesta.
Estados Unidos alegó que los deportados eran miembros de la banda de crimen trasnacional Tren de Aragua, designada como organización terrorista extranjera por el gobierno de Donald Trump a finales de febrero junto a varios cárteles.
Pero los abogados que presentaron el hábeas corpus aseguraron que no tienen vínculos con organizaciones criminales y que fueron detenidos en Estados Unidos como migrantes por no tener documentación.
La petición de hábeas corpus tiene por objeto supervisar el derecho a la libertad física y la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas; es un proceso que busca verificar si la detención está justificada y bajo el marco legal.
Human Rights Watch dijo en un comunicado de prensa que se han contactado con familiares de los venezolanos confinados en el CECOT y que estos les han dicho que los funcionarios salvadoreños no les han dado respuestas y que las autoridades estadunidenses afirmaron que no podían compartir ninguna información sobre el paradero de sus familiares.
“Estas desapariciones forzadas constituyen un agrave violación del Derecho internacional de los derechos humanos. La crueldad de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador ha dejado a estas personas por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las American de Human Rights Watch.
La organización envió una carta a las autoridades salvadoreñas para solicitar información sobre la identidad de los detenidos, sus condiciones en el CECOT y el fundamento de su detención, pero dijo que el gobierno de El Salvador no ha respondido.
El acuerdo para deportar venezolanos a El Salvador se alcanzó durante una reunión del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
El mandatario ofreció recibir a los migrantes que Estados Unidos quisiera deportar, independientemente de su nacionalidad, pero pidió que Estados Unidos también envíe a los cabecillas y sicarios de la Mara Salvatrucha, porque son buscados también en El Salvador.
El presidente Trump ha afirmado que la pandilla venezolana Tren de Aragua está invadiendo Estados Unidos e invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una autoridad para tiempos de guerra que da al mandatario mayor flexibilidad en políticas y en medidas ejecutivas para acelerar las deportaciones masivas.