El tráfico ilegal de armas de fuego procedentes de Estados Unidos que terminan en manos de los grupos criminales en México es uno de los temas prioritarios en materia de seguridad para el gobierno federal debido a la violencia que generan en nuestro país los grupos criminales y al fin provocó repercusiones en el Congreso estadunidense: un grupo de representantes demócratas presentó una iniciativa para tratar de frenar el trasiego de armas y municiones a territorio mexicano.
La propuesta es inédita en el ámbito legislativo de la Cámara de Representantes, puesto que se trata de una iniciativa que implica limitar el tráfico de armas de fuego, un tema defendido a ultranza sobre todo por legisladores del Partido Republicano, quienes se han opuesto a su regularización o control.
El tráfico ilegal de armas a territorio mexicano es un grave problema: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirma que desde diciembre de 2018 hasta abril pasado se aseguraron casi 40 mil armas de fuego y unos 160 mil cartuchos provenientes en su mayoría de EU.
En el mismo periodo se detectó un aumento de ametralladoras calibre .50 o fusiles Barret, una poderosa arma que utilizan organizaciones del crimen organizado en México.
Límites
La iniciativa demócrata surge en medio de los esfuerzos de los gobiernos de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, ratificados en su reciente reunión en San Francisco el 17 de noviembre, por frenar el alto grado de violencia y asesinatos que genera en México.
Promovida principalmente por los legisladores demócratas Joaquín Castro, Dan Goldman y Mike Thomas, la propuesta busca aumentar los esfuerzos de varias instancias de la Unión Americana para limitar el tráfico de armas y municiones que son introducidas por contrabandistas o de manera individual y que en su gran mayoría llegan a los cárteles de la droga mexicanos, que aumentan así su poder de fuego para imponer su violencia en diversas regiones del territorio nacional.
Un total de once legisladores demócratas exponen en su iniciativa que EU puede y debe hacer más para frenar el tráfico de armas que fabrica ese país, de las que un número importante terminan en manos de organizaciones criminales que trafican fentanilo y otras drogas letales que provocan miles de muertes en suelo estadunidense.
El proyecto, el cual debería ser aprobado primero por la Cámara de Representantes y más tarde por el Senado, obligaría al gobierno federal de EU a ampliar la recaudación de datos sobre armas de fuego confiscadas en México, que haya una mayor coordinación con las autoridades mexicanas en torno de este tráfico, colaboración con diferentes agencias oficiales estadunidenses e informes anuales reportados al Congreso sobre los esfuerzos para frenar el contrabando de armas estadunidenses hacia el vecino del sur.
Los legisladores demócratas resaltan que más de 500 mil armas fabricadas en EU son trasladadas de manera ilícita a territorio mexicano cada año y 70% de ellas se recupera en eventos criminales y puede ser rastreado a su lugar de origen en la Unión Americana.
“Si queremos abordar el crimen a lo largo de nuestra frontera sur, entonces tenemos que abordar la exportación de armas estadunidenses a través de la frontera”, aseveró el representante Goldman.
Cooperación conjunta
El problema de la introducción ilegal de armas de EU hacia México es de tal magnitud, que de acuerdo con autoridades de ambos países se estima que en los últimos diez años han ingresado a territorio mexicano unos dos millones y medio de armas de fuego, periodo en el que se registraron en el país cerca de 228 mil homicidios dolosos con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, gran parte de ellas utilizadas por integrantes de la delincuencia organizada.
Si bien en ese periodo la Sedena logró recuperar 332 mil 689 en operativos de combate a los grupos delictivos y campañas de entrega voluntaria mediante las cuales los ciudadanos intercambian despensas por sus rifles, armas de asalto, pistolas y cartuchos, existe una gran “cifra negra” acerca de las armas de fuego que se encuentran en posesión de grupos delictivos.
Ante la proliferación de armas traficadas de manera ilegal hacia México el gobierno federal ha colocado el tema como prioritario en materia de seguridad en la agenda bilateral con EU, lo que ha propiciado varias acciones como la demanda presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores contra fabricantes y vendedores de estos productos en territorio norteamericano en agosto de 2021.
La presión ejercida por el gobierno federal propició que Washington aceptara atender el problema y determinara cooperar con las autoridades mexicanas para aplicar medidas que interrumpan el tráfico de armas y cartuchos en los puertos de entrada fronterizos.
Una de las acciones emprendidas por las autoridades estadunidenses a partir de los acuerdos con México es la Operación Southbound para realizar revisiones exhaustivas en las aduanas, así como reformas legales como tipificar el tráfico de armas como delito con sanciones que pueden llegar hasta 25 años de cárcel, mientras que los decomisos aumentaron 300 por ciento.
Agilizar acciones
En cuanto a los acuerdos bilaterales el Entendimiento Bicentenario entre México y EU es uno de los mecanismos establecidos entre los dos países para aumentar de manera significativa el número de decomisos de armas de fuego que llegan a manos de los grupos criminales mexicanos, con las que incrementan la violencia y los homicidios.
Ambos gobiernos establecieron el Grupo Binacional contra Tráfico de Armas del Entendimiento Bicentenario con el propósito de reducir el flujo ilícito de armas y municiones desde la Unión Americana hacia México, un factor esencial para el combate al crimen organizado en ambos países.
En ese grupo participan distintas agencias de seguridad y procuración de justicia, las cuales se coordinan para aumentar las confiscaciones de armas y municiones en ambos lados de la frontera.
Con este mecanismo los dos países buscan agilizar también la judicialización de casos, aumentar las extradiciones, fortalecer los operativos espejo en la frontera común, trabajar en conjunto para modernizar la tecnología de inspección en la frontera y aumentar el intercambio de información balística y de inteligencia.
Acordaron además robustecer la cooperación para aumentar los costos de los traficantes de armas, con la consigna de que quienes trafican armas van a pagar en los dos países.
El embajador estadunidense, Ken Salazar, ha reconocido que 70% de las armas que llegan a México de manera ilegal viene de la Unión Americana, además que las autoridades de su país saben de dónde y en qué ciudades se venden más.
“Si esas empresas están vendiendo armas que saben que van a llegar a México, también las estamos investigando y las vamos a juzgar; es el trabajo que sigue”, afirmó el diplomático hace un par de meses.
Agregó que hay abiertos 206 casos por tráfico ilegal de armas a México, un aumento de 217% en carpetas de investigación, sobre todo en Arizona y Texas, por la comisión de ese delito que ahora se considera como grave.
Salazar aseguró que hay un mapeo sobre las ciudades donde se compran estas armas y los puntos de la frontera por donde ingresan a territorio mexicano, así como de las empresas presuntamente involucradas en esta actividad ilícita.
Operativos y mayor control
Los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia de EU aseguran que trabajan para frenar el tráfico de armas de fuego hacia México por medio de iniciativas de investigación ampliadas.
Por medio de la iniciativa sobre armas de fuego denominada Operación Southbound han sido movilizados nueve grupos de trabajo interinstitucionales sobre tráfico de armas de fuego a ocho ciudades ubicadas en la frontera con México.
Estos equipos se enfocan en investigaciones de tráfico de armas de fuego hacia México, con la participación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como fiscales de EU.
Como resultado de estos esfuerzos se han incautado casi dos mil armas de fuego en la primera mitad del año, un aumento de 65.8% respecto del mismo periodo de 2022, así como más de 80 mil cartuchos de municiones, un crecimiento sustancial respecto del año anterior.