Mientras las múltiples formas de movilidad se extienden y ganan fuerza, las fronteras de los Estados se tornan rígidas a través de políticas migratorias cada vez más restrictivas.
El mundo en el que vivimos es hoy más que nunca escenario de múltiples intercambios de ideas, objetos y personas que viajan de un lugar a otro de manera constante en cortos espacios de tiempo. Es justo este movimiento el que hace que dentro de un mismo territorio se den conexiones entre gente de muy diversos orígenes.
Sin embargo, mientras las múltiples formas de movilidad se extienden y ganan fuerza, las fronteras de los Estados se tornan rígidas a través de políticas migratorias cada vez más restrictivas.
En los escenarios más crudos las guerras, las catástrofes naturales, las crisis económicas e incluso tratar de escapar del crimen organizado son factores por los que millones de personas en todo el mundo se ven obligadas a abandonar sus lugares de residencia.
No obstante, frente a este escenario incendiario la legislación internacional no reconoce el “derecho a migrar”, es decir, a entrar en un país viniendo de otro, pero sí recoge el derecho de todas las personas a abandonar su lugar de origen, independientemente de sus causas o motivaciones.
Leyes
El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) avala el derecho a la libre circulación en dos apartados. El primero estipula que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, en referencia a la migración interna; el segundo, sobre la migración internacional, añade que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.
Nuestra Constitución también garantiza este derecho en su artículo 11, el cual contiene en general la libertad de tránsito. Dentro de este se incluyen cuatro libertades específicas: la libertad de entrar al país; la libertad de salir de él; la libertad de viajar por su territorio; y la libertad de mudar de residencia.
Por su parte, la Convención de Ginebra de 1951, en su artículo 3, prohíbe a los Estados parte imponer sanciones a las personas refugiadas que se hayan visto obligadas a entrar de manera “ilegal” en su territorio y obliga a garantizar su libertad de circulación por el mismo una vez que hayan sido reconocidas como tales.
A pesar de que estos derechos y garantías están plasmados en diversas leyes y tratados internacionales, la realidad es que en su camino hacia una nueva vida las personas en movilidad continua a menudo tienen que soportar numerosos peligros: pasan hambre, se enferman y/o son víctimas de violencia; incluso muchas de ellas pagan el riesgo de emigrar con su propia vida.
“La inmigración es considerada erróneamente por muchos como uno de los principales culpables de los males que los aquejan, tal como lo hace Estados Unidos. Pero esto es falso. Por ejemplo, gracias a la mano de obra extranjera, es como el país vecino ha mantenido su dinamismo económico”, ha señalado Ricardo Salinas Pliego, presidente y fundador de Grupo Salinas.
El empresario se ha pronunciado en diversas ocasiones en favor de que, lejos de excluir y maltratar a los migrantes, se les reconozca para abrirles las puertas y tratarlos con justicia.
Larga travesía
A pesar de que migrantes y refugiados no están en ninguna estadística formal de ningún país, en muchos casos son la base que mantiene la producción de economías completas, pero casi siempre son invisibles: no los ve nadie y nadie quiere verlos.
No obstante, algunos datos recogidos por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indican que a nivel global la mayoría de las personas en movilidad permanente hoy proceden de Siria, donde en 2011, en el curso de las revueltas árabes, se desarrolló una guerra civil que continúa hasta ahora.
El segundo grupo más numeroso, con 5.6 millones de personas, son venezolanos; y es que el país sudamericano lleva años sin poder salir de una profunda crisis política, económica y humanitaria.
Un número similar de refugiados procede de Ucrania: desde mediados de 2022 su número ha aumentado a unos ocho millones debido a la guerra por la invasión rusa.
La ACNUR hace hincapié en señalar que en el continente americano existe un gran movimiento migratorio de sur a norte. Personas procedentes de Honduras, Guatemala, Venezuela y Haití intentan huir de la pobreza, fenómenos naturales, la violencia y las crisis políticas de sus países de origen, por lo que actualmente cruzan por México a fin de poder llegar a la frontera con Estados Unidos.
“No corresponde al Estado limitar o no a las personas que llegan a determinado sitio a trabajar. Es más, dicha intervención estatal puede llegar a un absurdo en el que, por ejemplo, se acepta como política migratoria que alguien se relacione personalmente con un extranjero y se quiera casar. Y así, si te casas con una norteamericana o un norteamericano se te acepta como un inmigrante legal”, señala el periodista y abogado argentino José Benegas, para el documental Tirando fronteras.
Apunta que muchas arbitrariedades gubernamentales obligan a las personas a migrar. “Si se le llama legalidad a la pura voluntad del Estado, entonces alguien puede ser ilegal por hablar contra el gobierno, por ejemplo. Pero ¿por qué está mal? ¿Daña algún derecho? No, al contrario: está a favor de los derechos humanos; esa libertad beneficia a las personas. Y sin embargo se prohíbe”, señala Benegas.
Según estimaciones del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) al menos 50 mil personas murieron o desaparecieron entre 2014 y 2022, aunque el número de casos no denunciados es probablemente mayor.
No obstante, actualmente cada país decide a quién permite cruzar sus fronteras; a menudo restringe la entrada en su territorio con medidas como la exigencia de pasaportes o visas, controles policiales o incluso muros a lo largo del perímetro fronterizo.
Viacrucis
Este año que termina ha sido testigo de una hostilidad sin precedentes para las personas en movilidad continua, quienes se han visto inmersas en escenarios marcados por la violencia, la inseguridad y la falta de acceso a documentación confiable y servicios esenciales.
“La urgencia de abordar estos desafíos se manifiesta de manera crítica, especialmente en el contexto mexicano”, indica Save the Children México.
Por citar algunos hechos, en marzo en Ciudad Juárez, Chihuahua, decenas de migrantes perdieron la vida en condiciones inhumanas, encerrados y carbonizados en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM).
En mayo, el fin de la política estadunidense conocida como Título 42 sacudió el escenario migratorio. Sin embargo, en lugar de abrir un camino hacia soluciones más humanitarias esta decisión fue seguida por nuevas restricciones que afectan a migrantes irregulares.
La incertidumbre y el aumento de los desafíos para aquellos en búsqueda de refugio se convirtieron en la nueva norma.
De acuerdo con Save the Children (organización especializada en la promoción y defensa de los derechos de niños) la crisis en México alcanza niveles críticos, puesto que más de 50% de las personas en movilidad experimentaron episodios de violencia durante su estancia en el país.
Esta problemática se relaciona directamente con amenazas a la protección derivadas tanto de actividades de grupos armados como de actos de violencia de género que representan riesgos específicos para mujeres y niñas.
Maripina Menéndez, CEO de Save the Children México, advierte que “es importante eliminar la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos y superar las barreras de acceso a la justicia para las personas en movilidad”.
Y añade: “Necesitamos reconocer que esta es una situación urgente de atender y tenemos que hacerlo desde el respeto a los derechos humanos”.
“La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge el derecho a la libre circulación”.
Búsqueda
Que no haya una garantía universal al derecho a migrar no ha impedido que surjan iniciativas sociales y culturales para visibilizar el fenómeno que está pasando. Tirando fronteras es el título del documental realizado por la escritora y politóloga argentina Antonella Marty, en el que se reivindica a la migración como lo que es: un derecho humano.
A través de diversos testimonios, el trabajo demuestra que hay humanidad detrás de la movilización y que el valor de vivir en otros sitios nace de una búsqueda y reafirmación de la libertad.
La cinta relata los motivos y las experiencias que han llevado a miles de personas a salir de sus países de origen en un intento por alcanzar una vida mejor y más próspera.
El documental Tirando fronteras es una producción original del Centro Ricardo B. Salinas Pliego (CRBSP), mismo que busca promover un cambio cultural a través de programas como Arte & Cultura, Kybernus y Caminos de la Libertad.
A nivel jurídico los esfuerzos tampoco han sido pocos: la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmó en 1990 la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, con el objetivo de asegurar que la migración sea segura.
Esta convención, que entró en vigor en 2003, ha sido ratificada por 56 países, la mayoría de ellos africanos y latinoamericanos, aunque no por Estados Unidos, China, Rusia, Australia, Canadá ni ninguna nación de Europa occidental.
Por otro lado, la OIM creó en los cincuenta un comité europeo provisional en el marco de las Naciones Unidas y tres décadas después se transformó en una agencia de la propia ONU. Sus funciones incluyen asegurar que las migraciones se gestionen de manera humana y ordenada, promover la cooperación entre países y dar asistencia humanitaria a las personas migrantes que la necesiten, entre otras tareas.
“No se desanimen si tienen que seguir siendo ilegales en Estados Unidos; ilegal no quiere decir inmoral; ustedes pueden estar interpretados como ilegales, pero no son criminales; son gente que trabaja y le echa ganas, y esto merece el respeto de cualquier persona. No dejen sus estudios y prepárense. ¡No pierdan su dignidad nunca y sigan luchando porque vale la pena!”, señaló Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, durante un encuentro que sostuvo en marzo de este año con un grupo de dreamers (jóvenes mexicanos que viven en ese país bajo el programa DACA).
La migración es una realidad y el derecho a la circulación requiere ser reforzado.