Ciudad de Panamá, Panamá, 28 de noviembre. La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional un polémico contrato-ley entre el Estado y una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals para extraer cobre por al menos 20 años en una zona boscosa del Caribe panameño y que generó masivas protestas durante más de un mes.
El máximo tribunal de justicia, integrado por nueve magistrados, emitió el dictamen luego de analizar y debatir durante cuatro días dos demandas de inconstitucionalidad contra la ley que adoptó el contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, lo que mantenía en vilo a la nación centroamericana de más de cuatro millones de habitantes.
“Los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley” del 20 de octubre, anunció la presidenta de la Corte Suprema, María Eugenia López. “Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país”.
López no dio detalles del fallo aunque explicó que luego de su notificación a las partes —entre ellos los demandantes del contrato— debe ejecutoriarse y luego remitirse para su promulgación en la Gaceta Oficial.
El presidente Laurentino Cortizo respondió en la red social X, antes Twitter, que acatará el veredicto. “Siempre he sido respetuoso de la separación de los poderes del Estado y de la Constitución”.
Minera Panamá, por su parte, no respondió de inmediato a un pedido de comentario de la agencia The Associated Press enviado por correo electrónico a la empresa que maneja su comunicación y relaciones públicas.
El anuncio se dio luego de que Minera Panamá envió esta semana al gobierno una notificación en un esfuerzo por abrir entre las partes un periodo de diálogo de al menos 90 días y en la que señalaba que se reservaba el derecho de activar otras medidas para defender su inversión, que según la empresa supera los diez mil millones de dólares.
Previamente también había anunciado la posibilidad de suspender sus operaciones al señalar que podría quedarse sin suministros debido a las protestas en un puerto que utiliza para su actividad.
Aunque no ha quedado claro qué sucederá después del fallo y cuál será el futuro inmediato de la mina, los juristas y activistas elogiaron la postura de la justicia panameña y coincidieron en que es un paso crucial para su posible clausura. En 2017, la Corte Suprema también declaró inconstitucional una ley de 1997 que dio esa concesión minera pero no fue hasta años después que se promulgó y no paralizó las operaciones.
“Este es un triunfo para los panameños y panameñas, consolida a la Corte Suprema como una guardiana de la constitucionalidad del país”, señaló a la AP el abogado y ambientalista panameño Rodrigo Noriega. “Lo que viene ahora es la notificación del fallo y que oficialmente el gobierno de Panamá le avise a la minera que se terminó su contrato y que debe empezar a tomar las medidas de custodia y cierre”.
Noriega consideró que las partes —el Estado panameño y la minera— terminarían yendo a un arbitraje internacional.
El gobierno del presidente Cortizo, cuyo quinquenio culmina el próximo 1 de julio, debió negociar un nuevo contrato con la minera a pesar del rechazo ciudadano. El gobernante promulgó en medio de las protestas una ley de moratoria para prohibir futuras concesiones de minería a cielo abierto pero ello no calmó las manifestaciones, que en más de un mes dejaron al menos tres muertos, centenares de heridos e igual número de detenidos.
El contrato permitía a la subsidiaria extraer y comercializar cobre por los próximos 20 años, prorrogable por otros 20, en una mina a cielo abierto en una zona de 12 mil 955 hectáreas rica en biodiversidad al norte panameño.
La empresa había comenzado la exportación del mineral en 2019, ocho años después del inicio de la construcción de la mina, una actividad que comenzó en el país con la ley de concesión de 1997, declarada inconstitucional y que llevó al gobierno de Cortizo a negociar y concretar un nuevo contrato.
Cortizo lo defendió diciendo que “salvaguardaba” más de nueve mil empleos directos y resaltó su aporte mínimo anual por la concesión de 375 millones de dólares al Estado, mientras la minera destacó que aportaba más del 4% del Producto Interno Bruto panameño.
Sin embargo, los críticos advirtieron sobre el impacto ambiental que tendría la actividad a cielo abierto y rechazaron que la empresa administre el agua para su operación en un país que necesita el líquido para el consumo humano y la operación del canal interoceánico, que ya sufre por la sequía. La minera argumentó que usaba 100% agua de lluvia que reserva para el procesamiento del mineral.
El fallo, que se da en medio de un feriado nacional al celebrarse la Independencia de España, generó festejos de grupos de manifestantes frente al edificio de la Corte Suprema y en diferentes puntos de las provincias. Poco antes del anuncio grupos descontentos reabrieron tramos de la carretera Panamericana en la provincia de Chiriquí, frontera con Costa Rica, para permitir el paso de camiones de carga, incluidos algunos de vecinos países.
“Nosotros siempre dijimos que el camino no era la derogatoria, sino la inconstitucionalidad del contrato-ley”, indicó en declaraciones a medios locales una de las demandantes, Martita Cornejo, en referencia a la exigencia en las protestas de que el gobierno derogara el contrato. “Creemos que ese ha sido el triunfo del pueblo panameño”.
“Necesitamos gobernantes que trabajen por Panamá, no necesitamos gobernantes que velen por intereses económicos de las transnacionales”, afirmó. “Que quede bien claro el mensaje: en Panamá no puede haber desarrollo económico sostenible sino se protege el medio ambiente”.
Kevin Sánchez, un dirigente de la etnia Ngobé Buglé de 42 años, expresó frente al edificio del máximo tribunal que “hoy la corte se lució, es el logro de Panamá, de todos los pueblos originarios, campesino, panameño de a pie, que han salido a formar la unidad por la patria y la soberanía por nuestros recursos verdes, agua, tierras”.