BUENOS AIRES, noviembre 13.- El mayor tribunal penal de Argentina ratificó el miércoles la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta impuesta en 2022 a la expresidenta Cristina Fernández, lo que no afecta de lleno a quien es considerada la principal figura política de las últimas dos décadas en el país sudamericano.
El fallo no implica que la también exvicepresidenta (2019-2023) y titular del peronismo pierda su libertad o deba abstenerse de aspirar a un cargo público en los meses venideros, ya que tiene previsto apelar el fallo ante la Corte Suprema, que puede tardar años en pronunciarse.
Pocos minutos antes de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal diera a conocer su resolución, Fernández, de 71 años, había difundido un video en X, antes Twitter, en el que anunció que se dirigía a una localidad a las afueras de Buenos Aires para “compartir una actividad” con 400 mujeres.
La exmandataria terminó su mensaje tirando un beso al aire.
Luego, durante el acto al que asistió, señaló que es víctima de una persecución política y judicial y que se ensañan con ella por ser mujer. Dijo que “como no me pueden dar un piña (golpe) hacen lo que hicieron hoy”.
Fernández fue condenada en 2022 a seis años de cárcel por un tribunal federal por el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. El tribunal consideró que cometió un fraude millonario al Estado mediante la asignación irregular de obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz a un empresario allegado durante su mandato presidencial (2007-2015).
La entonces vicepresidenta consideró por su lado que fue víctima de una persecución judicial orquestada por opositores para sacarla del escenario político.