Washington, Estados Unidos, 24 de marzo. Una jueza federal bloqueó temporalmente al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) del multimillonario Elon Musk para que no acceda a los datos privados de las personas en el Departamento de Educación, el Departamento del Tesoro y la Oficina de Administración de Personal del gobierno federal de Estados Unidos
La jueza federal de distrito, Deborah Boardman, emitió una orden judicial preliminar en un caso presentado el mes pasado por una coalición de sindicatos en un tribunal federal en Maryland. Liderados por la Federación Estadunidense de Maestros, los demandantes alegan que el gobierno de Trump violó las leyes federales de privacidad al otorgar al DOGE acceso a sistemas con información personal de decenas de millones de estadunidenses sin su consentimiento.
Boardman, quien fue nominada para el tribunal federal por el expresidente Joe Biden, había emitido previamente una orden de restricción temporal. La orden judicial preliminar ofrece un alivio a más largo plazo bloqueando el acceso del DOGE mientras se desarrolla el caso.
La jueza determinó que el gobierno de Trump probablemente violó la ley. Afirmó que el gobierno no explicó adecuadamente por qué el DOGE necesitaba acceso a “millones de registros” para cumplir con sus funciones laborales.
También apuntó que el gobierno de Trump aún puede llevar a cabo la agenda del presidente sin recibir acceso irrestricto a una gran cantidad de datos personales sobre empleados federales y personas con préstamos estudiantiles y beneficios gubernamentales. Eso incluye su información de ingresos y activos, números de Seguro Social, fechas de nacimiento, direcciones de domicilio y estado civil y de ciudadanía.
“Confiaron en que el gobierno federal protegería su información. Esa confianza pública probablemente ha sido violada”, escribió Boardman en su dictamen.
La demanda acusó al gobierno de Trump de entregar datos sensibles por razones más allá de su uso previsto, violando la Ley de Privacidad. En lugar de llevar a cabo las funciones del programa federal de préstamos estudiantiles, dice la demanda, el DOGE ha estado accediendo a datos de préstamos “con el propósito de destruir” el Departamento de Educación.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva la semana pasada para desmantelar el departamento, diciendo que los préstamos estudiantiles serán manejados por la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa y los programas que involucran a estudiantes con discapacidades se trasladarán al Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Su gobierno dice que el DOGE está enfocándose en el despilfarro en todo el gobierno federal al abordar el supuesto fraude y mejorar la tecnología.
Una de las uniones de maestros más grandes del país, la Federación Estadunidense de Maestros, señala que representa a 1.8 millones de trabajadores en educación, atención médica y gobierno. También se unieron a la demanda seis personas con información sensible almacenada en sistemas federales, incluidos veteranos militares que recibieron préstamos estudiantiles federales y otros pagos de beneficios federales.
La demanda también fue respaldada por la Asociación Nacional de Empleados Federales Activos y Jubilados, y la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales.
La orden judicial, que podría ser impugnada en apelación, se limita a proteger la información personal de los demandantes individuales y los miembros de los grupos.