Organismos pro derechos humanos calculan que actualmente hay 650 millones de armas de fuego en circulación en poder de civiles y si se añaden las militares la cifra alcanza más de mil millones.
Desde su fundación la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha buscado la eliminación total de las armas nucleares y otras categorías de armas de destrucción masiva.
Si bien las armas nucleares representan una amenaza única y existencial para la humanidad debido a su incomparable poder destructivo, el armamento convencional sigue estando en el centro de los conflictos del mundo.
La amplia disponibilidad de armas pequeñas y ligeras y sus municiones son un facilitador clave de la violencia y los conflictos armados.
Y es que los altos niveles de armas y municiones en circulación contribuyen a la inseguridad, facilitan las violaciones de los derechos humanos e impiden el acceso humanitario.
Por ello, con el objetivo de regular, restringir o eliminar ciertas armas convencionales y regular su comercio internacional se han suscrito diversos tratados e instrumentos multilaterales. Entre ellos destacan el Tratado de Ottawa, formalmente denominado Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción; la Convención sobre Municiones en Racimo (CCM por sus siglas en inglés); y el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que cumple el 2 de abril diez años.
No es un problema menor: según el estudio Mortalidad global por armas de fuego que elaboró Mohsen Naghavi, profesor de Salud Global en el Instituto de Medición y Evaluación Sanitaria en la Universidad de Washington, más de 250 mil personas perdieron la vida por heridas causadas por armas de fuego en el mundo tan solo en 2016.
Más de la mitad de esas muertes ocurrieron en apenas seis países, de los que cinco se encuentran en Latinoamérica, donde la mortalidad por armas de fuego se debe a la actuación de las pandillas armadas y al problema del tráfico de drogas, de acuerdo con Naghavi.
Jerarquía
En 2013, después de varios intentos para adoptar el TCA por consenso, se presentó a la Asamblea General de la ONU la resolución para acoger el documento, que logró el voto a favor de 154 países, 23 abstenciones y tres votos en contra (Irán, Siria y Corea del Norte).
Se requería que 50 países lo ratificaran para ser vinculante, lo que se logró el 25 de septiembre de 2014 y luego de 90 días entró en vigor.
El TCA busca regular la venta de armas a escala global obligando a los países firmantes a dar cuenta de sus exportaciones e importaciones de armas convencionales a través de informes anuales. Al mismo tiempo, prohíbe el comercio de material armamentístico para gobiernos que puedan usarlo para cometer genocidio o crímenes de guerra, lo que permite interpretar las normas y reglas del tratado de forma distinta dependiendo de los intereses políticos y económicos de cada país firmante. Hasta el momento el tratado es vinculante para 111 naciones, de las 130 adheridas.
Países europeos como Alemania, España, Francia, Italia o Reino Unido —cinco de los diez principales exportadores de armas del mundo— están en la lista de los países que ratificaron el TCA y se comprometieron a seguir sus estrictas reglas para evitar que sistemas de artillería de gran calibre, helicópteros, aviones, barcos, misiles y lanzaderas lleguen a manos de organizaciones o regímenes que cometan atrocidades.
Estados Unidos, el mayor productor y suministrador de armas, figura entre los países que firmaron el tratado pero aún no lo ratifican porque debe ser antes autorizado por el Congreso, medida que al parecer no se encuentra en la agenda estadunidense.
El primer artículo del TCA instituye dentro de sus fines y objetivos “establecer normas internacionales comunes lo más estrictas posible para regular o mejorar la regulación del comercio internacional de armas convencionales”, así como “prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío”.
Para los expertos el acuerdo supuso un momento histórico, ya que no solo llena el vacío legal que existía, sino que además enlista una serie de obligaciones estatales tanto para importadores, como para exportadores, generando así un enfoque integral y de alta relevancia.
“El tratado es increíblemente importante”, observa Natalie Goldring, consultora de la ONU para el Instituto Acrónimo para la Diplomacia del Desarme.
“Para decirlo de forma sencilla, si se implementara en su totalidad, el TCA tiene el potencial de salvar vidas. Pero sin una buena instrumentación se corre el riesgo de que siga la inercia y continúen las violaciones al derecho humanitario internacional y a los derechos humanos”, alerta Goldring.
Incumplimiento
Organizaciones de derechos humanos y analistas militares denuncian que actualmente los grandes proveedores de armamento violan el tratado que regula su comercio y que se propone frenar el flujo de armas pequeñas y ligeras hacia las zonas de guerra y los países con regímenes represivos.
Goldring subraya que las guerras civiles y los conflictos actuales en Irak, Libia, Afganistán, Siria, Yemen, Sudán del Sur y Ucrania se agravan por los millones de dólares destinados al suministro de armas, la mayoría por parte de países que suscribieron o ratificaron el TCA.
“Las últimas ventas de armas y las propuestas por los Estados parte y signatarios podrían llegar a socavar el TCA”, advierte.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Control de Armas, Forum on the Arms Trade, entre otras, documentan la continua transferencia de armas convencionales que podrían utilizarse para violar el derecho humanitario internacional y los derechos humanos.
Y es que uno de los aspectos más negativos del tratado es que puede otorgar cobertura legal a las llamadas exportaciones “con fines humanitarios”.
Si se considera que la exportación de armamento contribuye a la paz y a la seguridad podría entenderse que la autorización de la exportación está amparada en virtud del artículo 7.1.a del tratado, señalan los organismos. Sin embargo, subrayan, en la práctica las exportaciones con fines humanitarios se utilizan como una forma más de injerencia militar en conflictos armados.
Como un ejemplo, indican que durante la guerra de Libia de 2011 el gobierno francés suministró armamento a los rebeldes libios, justificándolo en argumentos humanitarios.
Brian Wood, director de control de armas y derechos humanos de Amnistía Internacional, concuerda en que el TCA puede salvar millones de vidas y por ello genera alarma que los Estados que lo suscribieron y los que lo han ratificado crean que pueden seguir suministrando armas a fuerzas conocidas que cometen crímenes de guerra, así como emitir permisos de exportación aun cuando hay enormes riesgos de que las armas participen en graves violaciones de derechos humanos.
Wood afirma que se debe tener “tolerancia cero para los Estados que creen que pueden suscribir el TCA de la boca para afuera”.
Tráfico
Aunque la mayor parte de las armas de fuego en circulación se fabrica para mercados lícitos por fabricantes autorizados, en cualquier momento de su ciclo de vida pueden desviarse a mercados ilegales mediante el tráfico de armas, que afecta a todo el mundo e impacta en la sociedad de diversas formas.
Este flagelo constituye uno de los principales problemas en el contexto de la seguridad humana y se encuentra en el foco de los esfuerzos por el mantenimiento del orden y la aplicación de la ley.
Decisivamente las armas de fuego contribuyen a la violencia, especialmente en los homicidios; cumplen con frecuencia un papel fundamental en la delincuencia organizada; y amplifican la incidencia de los conflictos armados y el terrorismo.
La forma más común de tráfico ilícito de armas es el de armas pequeñas y ligeras (APAL), aunque el carácter del tráfico puede variar considerablemente de unos contextos geográficos a otros y en función del tipo de armas. En consecuencia, los esfuerzos por hacer cumplir la ley buscan detener dichas corrientes ilícitas.
En muchas partes del mundo el acceso a las armas de fuego es fácil para quienes pueden permitirse pagar su precio. De igual forma, se debe tener en cuenta que la vida útil de las armas de fuego es muy larga y pueden circular en los mercados lícitos e ilegales durante muchos años, siendo reutilizadas y revendidas en múltiples ocasiones. Se calcula que 650 millones de armas de fuego circulan por el mundo en poder de civiles; si añadimos las militares, hay más de mil millones.
Esta durabilidad plantea desafíos a la hora de diseñar medidas de prevención y control de armas.
Por ende, frente a la creciente autonomía de las armas el TCA es un fuerte bloque de control sobre el uso de la fuerza.
Cabe destacar que el TCA no tiene un mecanismo con capacidad de sancionar a los Estados que incumplen sus disposiciones, pero como indican organismos de derechos humanos eso es solucionable con voluntad política, mediante un protocolo adicional al tratado.
En la balanza de diez años desde la creación del TCA pesan más cuestiones positivas, porque en una década ha logrado que numerosos Estados de los 111 que están obligados legalmente a respetarlo adecúen su legislación a las obligaciones del tratado y mejoren la transparencia al presentar un informe anual sobre exportaciones e importaciones de armas.
Exportación e importación por países
Estados Unidos con 38.6 y Rusia con 18.6% lideraron las exportaciones de armamento en 2022, según cifras del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés).
Respecto de 2018, cifra anterior del SIPRI, EU aumentó en 5.6% su volumen de venta, mientras que Rusia lo redujo en 4.4 por ciento.
El tercer mayor exportador es Francia, que superó ampliamente a China y la dejó en el cuarto puesto. La industria bélica y armamentística francesa copa 10.7% del mercado global, mientras que China bajó de 6% de cuota del mercado en 2018 a 4.6% en 2022. En quinto puesto se ubica Alemania con 5 por ciento.
En cuanto a importaciones, los Emiratos Árabes Unidos se ubicaron en el primer puesto con 11% del armamento a nivel mundial, 4% más que en 2018. Le siguen India con 10, Egipto con 6, y Australia y China con 5 por ciento.