La Haya, Holanda, 12 de noviembre. Un tribunal de apelaciones holandés revocó una sentencia histórica que ordenaba a la empresa energética Shell que redujera sus emisiones de dióxido de carbono en un 45% neto para 2030 en comparación con los niveles de 2019, aunque declaró que “la protección contra el cambio climático peligroso es un derecho humano”.
La decisión fue una derrota para la sección holandesa del grupo ambientalista Amigos de la Tierra y otros grupos ambientalistas, que habían celebrado la sentencia original de 2021 como una victoria para el clima. La sentencia civil puede apelarse ante la Corte Suprema de Holanda.
“Esto duele”, apuntó Donald Pols, director de Amigos de la Tierra en Holanda. “Al mismo tiempo, vemos que este caso ha asegurado que los grandes contaminadores no son inmunes y ha estimulado aún más el debate sobre su responsabilidad en la lucha contra el cambio climático peligroso. Por eso continuamos enfrentando a grandes contaminadores, como Shell”.
La decisión que respaldó la apelación de Shell se anunció en el segundo día de la conferencia climática de la ONU, que dura 12 días y este año se celebra en Azerbaiyán, donde los países están discutiendo cómo financiar la reducción de emisiones que calientan el planeta y adaptarse a los extremos climáticos cada vez más frecuentes.
El fallo era una derrota dolorosa para los activistas climáticos después de varias victorias en los tribunales. Un tribunal en La Haya en 2015 ordenó al gobierno que redujera las emisiones en al menos un 25% para finales de 2020 desde los niveles de referencia de 1990. La Corte Suprema de Holanda confirmó la sentencia hace cinco años.
A principios de este año, un tribunal de la ONU sobre derecho marítimo dijo que los países están legalmente obligados a reducir la contaminación por gases de efecto invernadero. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar encontró que las emisiones de carbono califican como contaminación marina y dijo que los países deben tomar medidas para mitigar y adaptarse a sus efectos adversos.
Y en abril, el tribunal de derechos humanos de más rango de Europa dictaminó que los países deben proteger mejor a sus ciudadanos de las consecuencias del cambio climático.