Jerusalén, Israel, 12 de septiembre. La Corte Suprema de Israel abrió el primer caso que examina la legalidad de la polémica reforma judicial propuesta por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, agravando un enfrentamiento con el gobierno de ultraderecha que ha dividido amargamente al país y lo ha dejado al borde de una crisis constitucional.
Como muestra de la importancia del caso, los 15 jueces que conforman el alto tribunal israelí están evaluando los recursos por primera vez en la historia de la institución. Normalmente, las salas están compuestas por tres magistrados, aunque a veces pueden ampliarse. El proceso se está emitiendo en vivo.
“Es un día histórico”, afirmó Susie Navot, vicepresidenta del Instituto Israelí para la Democracia, un centro de estudios con sede en Jerusalén que ha sido crítico con la reforma. “Es la primera vez que tenemos una vista de este tipo”.
La coalición de Netanyahu, formada por legisladores ultranacionalistas y ultrarreligiosos, inició la reforma a principios de año tras su llegada al poder. Los defensores del plan sostienen que la judicatura, formado por cargos no electos y dirigido por la Corte Suprema, tiene demasiada influencia.
Los críticos alegan que el plan para debilitar al alto tribunal elimina una salvaguardia clave y concentrará el poder en las manos de Netanyahu y sus aliados.
“Estamos aquí hoy con millones de ciudadanos para detener el golpe del gobierno”, afirmó Eliad Shraga, presidente del Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, que presentó la petición junto un puñado de grupos de la sociedad civil. “Juntos, preservaremos la democracia israelí".
La audiencia del martes pone a los magistrados del alto tribunal en la posición sin precedentes de decidir si aceptan poner límites a sus propios poderes. La vista se centra en la primera ley aprobada por el parlamento en julio, una medida que anula la capacidad de la corte para revocar decisiones gubernamentales que considere “irrazonables”. Los jueces han recurrido a este estándar legal en el pasado para evitar decisiones o nombramientos del ejecutivo considerados poco razonables o corruptos.
La reforma del poder judicial, que los críticos consideran una profunda amenaza a la democracia en el país, ha enfurecido a israelíes de muchos estratos sociales y sacó a cientos de miles de personas a la calle en una protesta tras otra durante las últimas 36 semanas.
Los contrarios a la reforma proceden en su mayoría de la clase media laica del país. Importantes empresario del sector de la alta tecnología han amenazado con trasladarse. Y miles de reservista militares han roto con el gobierno y declararon su negativa a presentarse a filas debido al plan.
Los partidarios de Netanyahu suelen ser más pobres, más religiosos y viven en asentamientos en Cisjordania o en zonas rurales periféricas. Parte de su base son judíos mizrahi de clase trabajadora, con raíces en países de Oriente Medio, que se han mostrado hostiles hacia lo que consideran una clase elitista de judíos asquenazíes o europeos.
Al inicio de la vista el martes, un par de docenas de activistas de derechas protestaron a la entrada del tribunal. Gritaron "¡El pueblo es soberano!” a través de megáfonos, hicieron sonar cornetas y portaban carteles en las que declaraban haber votado a Netanyahu, no a la magistrada jefe de la Corte Suprema, Esther Hayut.
La noche anterior, decenas de miles de manifestantes contrarios al gobierno llenaron las calles próximas a la institución, ondeando banderas y coreando consignas a favor de la democracia.
La ley se aprobó como una enmienda a lo que en Israel se conoce como “Ley Fundamental”, una legislación especial que funciona como una especie de Constitución, algo que Israel no tiene. El alto tribunal nunca ha derogado una de estas leyes, pero alega que tiene potestad para hacerlo. El gobierno considera que no.
El ministro de Justicia, Yariv Levin, indicó que la institución “carece de toda autoridad” para revisar la ley.
“Es un golpe letal a la democracia y al estatus de la Knesset”, afirmó insistiendo en que los legisladores elegidos por la población deberían tener la última palabra sobre la legislación.
Aunque la fiscal general debería representar al gobierno en un caso de este tipo, Gali Baharav-Miara — uno de los principales blancos de los ataques de la coalición — ha manifestado su firme oposición a la reforma. Los promotores del proyecto de ley buscarán asesoramiento externo.
No se espera un fallo el martes, pero la vista podría arrojar pistas sobre la opinión de la corte.