México, 5 de marzo. Las llamadas políticas de ciudades santuario son una “pesadilla pública” que hacen que las ciudades estadunidenses sean más peligrosas, aseveró un representante republicano al inaugurar una audiencia del Congreso con alcaldes de cuatro grandes ciudades que la administración Trump afirma están obstaculizando su agenda de deportación masiva y protegiendo a personas que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal.
James Comer, representante republicano y presidente de la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, inauguró la sesión el miércoles aseverando que tales políticas “solo crean un refugio para criminales”.
Los alcaldes demócratas Michelle Wu de Boston, Brandon Johnson de Chicago, Mike Johnston de Denver y Eric Adams de Nueva York están compareciendo ante el comité. Wu llevó a su bebé recién nacido, Mira, a la audiencia.
Los miembros demócratas se presentaron para mostrar su apoyo a los inmigrantes antes de la audiencia.
“Nuestras comunidades no se dejarán intimidar para cumplir con esta agenda autoritaria ilegal y anticonstitucional”, advirtió la representante Delia Ramirez de Illinois. Calificó de ilegales las amenazas republicanas de retener fondos federales de las ciudades que no cooperan con la aplicación de la inmigración.
Una provocación
Como antesala a las sesiones, la mayoría republicana publicó la semana pasada un video de casi tres minutos sobre el tema migratorio.
El video comienza con imágenes de la Constitución en llamas, revelando fotos de los cuatro alcaldes. Luego muestra arrestos realizados por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de personas que habían cometido delitos en esas ciudades, intercalados con comentarios de los alcaldes y noticias que muestran los impactos negativos de los aumentos migratorios.
El video termina con el presidente del comité, el representante James Comer de Kentucky, amenazando con privar de fondos federales a las ciudades si no cooperan con la aplicación de la inmigración.
No hay una definición estricta para las políticas de santuario o las ciudades santuario, pero los términos generalmente describen una cooperación limitada con ICE. La agencia aplica las leyes de inmigración a nivel nacional, pero a menudo busca ayuda estatal y local para mantener a las personas que fueron arrestadas o condenadas por un delito hasta que las autoridades federales puedan tomar custodia.
En las comunidades que no cooperan, los agentes de ICE ingresan a las comunidades para rastrear a las personas después de su liberación. El ICE argumenta que esto es peligroso y agota los recursos.
Los funcionarios de la administración Trump también argumentaron que si las comunidades cooperan, los “arrestos colaterales” —cuando el ICE detiene a personas que no son las objetivo— son menos probables.
“Las ciudades santuario quieren seguir manteniéndonos fuera de las cárceles”, se quejó Tom Homan, zar de la frontera de la administración Trump, a los reporteros. “Nos obligan a entrar en el vecindario para encontrar a los malos. Cuando encontramos al malo, muchas veces está con otros”.
Pero algunas ciudades y estados dicen que cooperar con el ICE inhibe a víctimas y testigos que se encuentran en el país de manera ilegal. Y, en diferentes grados, los funcionarios argumentan que quieren que sus localidades sean lugares acogedores para los inmigrantes.
Los defensores dicen que, aunque el ICE afirma dirigirse a “los peores de los peores” —es decir, a inmigrantes que han cometido crímenes atroces — terminan yendo mucho más allá de eso, desestabilizando comunidades.
Los tribunales han respaldado repetidamente la legalidad de la mayoría de las leyes de santuario.
Sin embargo, la administración Trump continúa atacándolas y demandó a Chicago e Illinois, así como al estado de Nueva York, por diversas leyes de inmigración.