Nueva York, Estados Unidos, 14 de septiembre. El enviado especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Sudán, quien fue declarado persona non grata por los gobernantes militares del país, renunció. En su último discurso ante el Consejo de Seguridad advirtió que el conflicto entre los generales rivales “podría estar transformándose en una guerra civil a gran escala”.
Volker Perthes, que ha seguido trabajando fuera de Sudán, afirmó que los combates no dan señales de remitir y que ninguno de los bandos parece estar cerca de lograr “una victoria militar decisiva”. Además, la violencia en la región de Darfur, en el oeste del país, “ha empeorado de forma drástica” y se está atacando a civiles por su etnia, agregó.
Las tensiones entre el ejército de Sudán, liderado por el general Abdel Fattah Burhan, y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápidas, comandadas por el general Mohamed Hamdan Dagalo, estallaron en combates directos a mediados de abril.
Al menos cinco mil personas murieron desde entonces y más de 12 mil han resultado heridas. Según Perthes, esas cifras son conservadoras y el número real “es probablemente mucho más elevado”.
El enviado indicó que existen al menos 13 fosas comunes dentro y en los alrededores de Geneina, la capital de la provincia de Darfur Occidental, de acuerdo con reportes creíbles recibidos por la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU. Las fosas son el resultado de los ataques de las FAR y de las milicias árabes aliadas contra la población civil, en su mayoría comunidades africanas, apuntó.
Darfur fue escenario de una campaña genocida a principios de la década de 2000.
Más de 20 millones de personas, casi la mitad de la población del país, padecen hambre e inseguridad alimentaria agudas, señaló el director de operaciones de la agencia humanitaria de la ONU, Edem Wosornu, al consejo.
“Y más de seis millones de personas están a apenas un paso de la hambruna”, afirmó. “Si los enfrentamientos continúan, esta posible tragedia se hace cada día un poco más real”.
Los combates han desplazado a 4.1 millones de personas dentro del país y han llevado a más de un millón a refugiarse en países vecinos, agregó Wosornu, que destacó que esos traslados y la inseguridad “han incrementado los casos de violencia sexual a niveles angustiosos”.