Seúl, Corea del Sur, 26 de enero 2025. La fiscalía surcoreana acusó formalmente de rebelión al presidente Yoon Suk Yeol, que ha sido apartado del cargo, por su imposición de la ley marcial, según informaron el domingo reportes noticiosos. Se trata de un cargo penal que podría suponer una condena de muerte o a cadena perpetua si es declarado culpable.
Este es el último golpe para Yoon, quien fue apartado del cargo y arrestado por su decreto de ley marcial del 3 de diciembre que sumió al país en una enorme crisis política, sacudiendo la política y los mercados financieros de Corea del Sur, así como su imagen internacional. Aparte de los procesos judiciales penales, la Corte Constitucional está deliberando si le destituye oficialmente como presidente o le reinstaura en el cargo.
Medios de comunicación surcoreanos, incluida la agencia de noticias Yonhap, informaron que la Fiscalía del Distrito Central de Seúl acusó a Yoon de rebelión. Las llamadas a la fiscalía y a los abogados de Yoon no obtuvieron respuesta.
Yoon, un conservador, ha rechazado de plano cualquier infracción y afirma que su decreto fue un acto legítimo de gobernanza que pretendía concienciar sobre el riesgo que planteaba una Asamblea Nacional de mayoría progresista, que bloqueaba su programa legislativo e impugnó a varios altos funcionarios. Durante su anuncio de ley marcial, Yoon describió la asamblea como “una guarida de criminales” y prometió eliminar a “los descarados seguidores de Corea del Norte y fuerzas antiestatales”.
Después de declarar la ley marcial el 3 de diciembre, Yoon envió militares y policías a la asamblea, aunque suficientes legisladores lograron entrar en la cámara para votar por unanimidad en contra del decreto de Yoon, obligando a su gabinete a levantarla.
La imposición de la ley marcial, la primera de esa clase en Corea del Sur en más de 40 años, duró solo seis horas. Sin embargo, evocó dolorosos recuerdos de gobiernos dictatoriales en las décadas de 1960 a 1980, cuando gobernantes respaldados por militares usaron leyes marciales y decretos de emergencia para reprimir a opositores.
La Constitución de Corea del Sur otorga al presidente el poder de declarar la ley marcial para mantener el orden en tiempos de guerra y otros estados de emergencia comparables, pero muchos expertos dicen que el país no estaba bajo esas condiciones cuando Yoon declaró la ley marcial.
Yoon insiste en que no tenía intenciones de interrumpir el trabajo de la asamblea, incluida su votación sobre su decreto, y que el despliegue de tropas y fuerzas policiales tenía como objetivo mantener el orden. Pero comandantes de unidades militares enviadas a la asamblea han dicho en audiencias de la asamblea o a investigadores que Yoon les ordenó sacar a los legisladores.
Las investigaciones sobre Yoon han intensificado la ya grave división interna del país, con manifestantes rivales organizando marchas regulares en el centro de Seúl.
Después de que una corte local aprobó el 19 de enero una orden de arresto formal para prolongar la detención de Yoon, docenas de sus seguidores asaltaron el edificio del tribunal, destruyendo ventanas, puertas y otras propiedades. También atacaron a agentes de policía con ladrillos, tubos de acero y otros objetos. La violencia dejó 17 agentes heridos, y la policía dijo que había detenido a 46 manifestantes.
Yoon se resistió a los esfuerzos de las autoridades investigadoras para interrogarlo o detenerlo. Finalmente fue aprehendido el 15 de enero en una masiva operación policial en su complejo presidencial.
La investigación sobre Yoon estaba liderada por la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango, pero desde su detención Yoon se ha negado a asistir al interrogatorio de la agencia, alegando que no tiene autoridad legal para investigar alegaciones de rebelión. La oficina ha dicho que puede investigar la alegación de rebelión de Yoon ya que está relacionada con su abuso de poder y otras acusaciones.
Yoon tiene inmunidad presidencial frente a la mayoría de los cargos penales, pero ese privilegio no incluye los casos de rebelión o traición.
La agencia anticorrupción entregó el caso de Yoon a la fiscalía de Seúl el viernes y pidió que lo acusara de rebelión, abuso de poder y obstrucción de la Asamblea Nacional. La legislación surcoreana indica que el líder de una rebelión puede enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte.
En un comunicado el sábado, el equipo de defensa de Yoon instó a los fiscales a liberar inmediatamente a Yoon y a iniciar una investigación sobre la oficina anticorrupción.
El ministro de defensa de Yoon, el jefe de policía y varios otros mandos militares ya han sido arrestados por sus roles en el decreto de ley marcial.