México es uno de los países de origen y diversidad no solo de maíz sino también de plantas alimenticias, medicinales, aromáticas y ornamentales que en conjunto constituyen una gran riqueza frente al cambio climático, así como ante la actual crisis económica y de salud que genera la pandemia de Covid-19.
No obstante, afirma Catherine Marielle, coordinadora general del Grupo de Estudios Ambientales e integrante de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, “este sistema agroalimentario ahora se encuentra en peligro debido a la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV)”.
Añade que si bien la reforma “por el momento se logró frenar, con la entrada en vigor del TMEC la disputa continúa sobre la mesa”.
Marielle asevera que se trata de una lucha “entre empresas transnacionales y nosotros: no es un tema solamente de los expertos y campesinos sino de toda la población, porque se requiere del esfuerzo y los aportes de muchos para ganar la batalla”.
LFVV
La Ley Federal de Variedades Vegetales tiene por objetivo fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales.
Está establecida acorde al Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) y su aplicación e interpretación corresponde a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Esta ley se aprobó por primera vez el 25 de octubre de 1996, durante el mandato de Ernesto Zedillo, y se reformó por última ocasión en abril de 2012, recién iniciado el periodo de Enrique Peña Nieto.
Actualmente México se encuentra adherido al acta UPOV 78, en la cual no se patentan variedades ya que su protección de variedades es sui generis; esto significa que se privilegia el derecho de los agricultores a usar e intercambiar sus semillas y se favorece la diversidad genética.
“Por ello lo más sensato sería permanecer en UPOV 78; sin embargo el TMEC señala la obligatoriedad de adhesión al acta UPOV 91”, indica la investigadora.
Agrega que “cuando los senadores en junio del año pasado ratificaron el TMEC no hicieron una salvaguarda para que México pudiera quedarse en UPOV 78; al contrario: diputados y empresas transnacionales intentan reformar la LFVV para adecuarla a la UPOV 91 y lo peor es que nos hicieron creer que había que hacerlo antes del 1 de julio de 2020, mientras que el mismo TMEC marca un plazo de cuatro años para que México pueda transitar. En realidad la prisa obedece a ciertos intereses representados en esa iniciativa que afortunadamente logramos parar de manera momentánea”.
Reforma
Fue en febrero pasado cuando el diputado Eraclio Rodríguez Gómez, de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la LFVV. Esta prevé la posibilidad de generar y registrar nuevas variedades que estén adaptadas a nuestro territorio, además de “fortalecer las sanciones por violaciones a la ley para reducir la piratería de semillas, el uso de semilla ilegal y el engaño y daño a los agricultores causados por estos efectos”.
Este proyecto de reforma “rebasa las propias exigencias de la UPOV 91: propone sanciones muy altas, penas de cárcel de dos a seis años, fuertes multas, quema de cultivos, cosechas e incluso productos obtenidos por campesinos que aun sin saberlo hubiesen usado alguna variedad registrada por algún obtentor o descubridor”, comenta Catherine Marielle.
Por ejemplo, explica, esto viene de la mano con todos los cambios biotecnológicos, transgénicos y de otros organismos genéticamente modificados. Es decir, si una milpa campesina se contamina con un maíz transgénico o incluso un híbrido registrado por esas empresas, ellos pueden venir a exigir el derecho y las regalías sobre sus semillas. Esto porque habría genes patentados en variedades campesinas, incluso sin que los campesinos sepan. Eso ha pasado ya en Estados Unidos y Canadá.
Por su lado, el legislador Rodríguez Gómez aseguró en una videoconferencia que no ha retirado la propuesta ni lo hará: “La vamos a sostener”.
Aunque reconoció que su iniciativa original es completamente diferente al proyecto de dictamen, añadió que dentro del TMEC hay un plazo hasta 2022 para poder adaptar esta ley a la UPOV 91, pero esto genera una situación de incertidumbre porque “México históricamente tiene el mote de ser un país de piratería en el tema de semillas y si no se aprueba esta ley estamos mandando una mala señal a los investigadores internacionales o gente que pueda llegar al país a desarrollar investigaciones. Y quiere decir que no hay voluntad para resolver ese tema”.
Variedades
El 22 de junio pasado el diputado morenista señaló que “en el caso del arroz tenemos 30 años que no se genera ninguna semilla. Según estudios que ha hecho el Estado mexicano, incluso tenemos un disminución de 46% en la capacidad productiva de las semillas de arroz. En el caso del frijol tenemos más de 15 años que no se genera ninguna nueva variedad, lo cual nos hace totalmente inviables y nos posiciona ante el mercado internacional en total desventaja”.
Como respuesta investigadores del INIFAP señalaron el registro de 42 variedades de arroz y frijol que como institución han desarrollado, con lo que refutaron los dichos del diputado federal.
“Los investigadores nacionales requerimos el apoyo de los diputados y senadores para promover mayor presupuesto para la investigación agropecuaria y forestal, con miras a ser un país autosuficiente en alimentos y otras tecnologías e insumos para el campo”, declaró el secretario general del SIIINIFAP, Ramón Garza García, en respuesta al diputado.
Lo que viene
“Pensamos que las personas y empresas que están atrás de esta iniciativa de ley seguirán presionando y difundiendo supuestos beneficios para todos, enarbolando el tema de la productividad y recuperando algunos de nuestros conceptos rectores, como la importancia de preservar las semillas nativas, la soberanía alimentaria y la sustentabilidad del país”, expresa Catherine Marielle.
Agrega que el propio promotor de la reforma tuvo que atenuar su iniciativa para que fuese un poco más presentable ante sus colegas legisladores. “Aun así las voces en contra (conformadas por legisladores, investigadores, campesinos y activistas) lograron detener la aprobación. Y por eso la sacaron de la agenda del periodo extraordinario. Sin embargo cuando entren al siguiente periodo ordinario de sesiones habrá que seguir muy pendientes ya que es muy probable que sigan presionando para que México entre a la UPOV 91, en vez de buscar construir las salvaguardas, como debieron haber previsto desde la ratificación del TMEC”.
Expresa que lo que se busca es conseguir que México se quede tanto en la LFVV de 1996 como en UPOV 78. “Hay países que lo han logrado; por ejemplo, Colombia logró revertir una ley similar a la LFVV. Otro caso es Noruega, que ha logrado permanecer en la UPOV 78. Debemos entender que hay herramientas y tratados internacionales de los que México forma parte. Por ejemplo el Acuerdo de Cartagena de seguridad de la biotecnología, que reconoce el derecho de los países centros de origen”.