La Secretaría de Relaciones Exteriores confía en que el juez de la causa decidirá continuar la demanda, puesto que el asunto es serio y hay en ese país una discusión muy polarizada acerca del control de armas.
A poco más de un año de que México presentó en Estados Unidos una demanda civil contra once empresas que fabrican armamento en ese país, a las que señala por prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se encuentra atenta a la decisión de la Corte Federal de Boston acerca de si acepta o no los argumentos presentados por el gobierno mexicano.
La Cancillería espera que en breve el juez F. Dennos Saylor, de Massachusetts, se pronuncie finalmente al respecto.
El consultor jurídico de la SRE, Alejandro Celorio Alcántara, quien encabeza el equipo jurídico que elaboró la denuncia, se muestra confiado en que habrá una resolución positiva del juzgador para seguir adelante con la querella, aunque reconoce que será una decisión que el juez resolverá a conciencia.
Celorio afirma en entrevista exclusiva con Vértigo que “estamos seguros de que nuestros argumentos son imbatibles, están muy bien fundados en el derecho estadunidense, en el derecho internacional”.
Agrega que transcurridos cinco meses desde que se realizó la audiencia para presentar alegatos orales por parte de ambos lados ya se estaría a tiempo de que se diera una decisión del juez Saylor.
Sin embargo, advierte que conforme se acerca el proceso electoral intermedio en Estados Unidos de noviembre la decisión del juzgador se podría volver un asunto caliente, ya sea que decida a favor de México y continúe el proceso o decida desechar la demanda, puesto que en ese país hay una discusión muy polarizada acerca del control de armas.
Argumentos sólidos
En su oficina del sexto piso de la SRE, Celorio Alcántara recuerda que la demanda contra once empresas fabricantes de armas en EU se presentó el 4 de agosto de 2021 con el argumento de que México vive una situación de violencia armada, la cual generan en gran medida las armas que se trafican a nuestro país de manera ilícita desde territorio estadunidense por la negligencia de las empresas que las fabrican.
Agrega que esas armas no se venden legalmente en el país y no deberían estar en nuestro territorio, y llegan por las omisiones y acciones de las empresas las cuales realizan ventas múltiples, le venden a una misma persona en más de diez ocasiones o en días diferentes, sin preguntarle que va a hacer con esa arma.
El consultor jurídico subraya que las fábricas de armas son negligentes por no monitorear sus líneas de distribución, ya que por el número de serie las autoridades estadunidenses pueden rastrear e identificar un arma que se encuentra, por ejemplo, en Michoacán. ¿Dónde se vendió? ¿A quién se le vendió? ¿Dónde se fabricó y cuándo?
Dijo que esas empresas se han defendido con argumentos de que no son responsables y es una cuestión de México; que no pueden ser demandados en EU; y que la Corte de Boston tampoco es la instancia para una demanda.
Además argumentan que una ley estadunidense les da inmunidad, por lo que pidieron al juez desechar la demanda.
También afirman que la querella presentada se debió a que hay frustración del gobierno de México por no poder avanzar en la relación bilateral con EU, a lo que Alejandro Celorio responde que ese no es un argumento jurídico, sino político.
Explica que el gobierno de México presentó una serie de argumentos en los que demuestra que ha sufrido tanto daños directos como indirectos por el tráfico ilegal de armas provenientes de ese país, originado por la negligencia de esas empresas.
A la aseveración de esas compañías en el sentido de que es un asunto de corrupción en las aduanas mexicanas, responde que en todo caso sería una situación que ocurre en ambos lados de la frontera.
Y agrega que aun cuando se tratara de una situación de aduanas la demanda mexicana es por una negligencia que no ocurre en la frontera sino en las decisiones comerciales de esas compañías, en cómo las diseñan, a quiénes se las distribuyen y cómo las venden, ya que México no tiene nada que ver en el comercio de armas.
“Si nosotros las compráramos y las perdiéramos nos podrían decir que es culpa de México, pero nosotros no se las compramos: son ellos las que facilitan que cualquier criminal las pueda adquirir. Hay una serie de argumentos en nuestra demanda que estimamos son imbatibles; vamos a ver qué dice el juez”, apunta el funcionario.
Aplica ley mexicana
Frente al argumento de las empresas fabricantes de armas que afirman que gozan de inmunidad por una ley que las protege de demandas civiles, Alejandro Celorio señala que la postura de México es que la ley que aplica en este caso es la mexicana, ya que la teoría del Derecho dice que la ley que rige es la del lugar donde ocurre el daño, por lo que la demanda debe prosperar.
Puntualiza que en caso de que el juez dijera que la demanda no prospera, que la ley que aplica es la estadunidense, el siguiente argumento mexicano es que la ley de inmunidades de ese país está diseñada para proteger a la industria de las armas en EU, no en México, ya que no tiene efectos extraterritoriales.
Y en el caso de que el juzgador dijera que esa ley sí tiene efectos extraterritoriales, el tercer argumento de nuestro país es que la ley de inmunidades tiene excepciones a las cuales apelaríamos, la principal de las cuales es que estas empresas no son inmunes si violan leyes estatales o federales.
Entre las leyes que violan las empresas fabricantes de armas está la que prohíbe vender ametralladoras o armas semiautomáticas o que sean modificadas con facilidad.
El consejero jurídico de la Cancillería dice que la mayoría de las armas semiautomáticas se vuelven de ráfaga automática con una pequeña modificación, situación que conocen esas empresas y que no corrigen; también incurren en publicidad engañosa, entre otras violaciones a leyes locales y federales.
Primer round
Celorio Alcántara asegura que esta demanda hay que verla como parte de una acción mucho más amplia y estratégica del gobierno de México, en la que se incluye el Entendimiento Bicentenario, y que forma parte de acciones que se despliegan a nivel multilateral.
“La prioridad del gobierno de México es invitar a los estadunidenses a que entiendan que las armas son el detonante de todos los problemas. Los cárteles de la droga con armas de alto poder son más peligrosos; sin esas armas sería más sencillo detenerlos. Las armas generan migración, flujos ilícitos de dinero… El Entendimiento Bicentenario ha tenido muy buenos efectos en poner el tema como prioridad y el litigio lo que ha hecho es darle muchísima visibilidad al asunto”, recalca.
—¿Cuáles fueron los principales retos del gobierno mexicano al presentar esta demanda?
—El principal desafío, que ya se ha superado, es una incredulidad y un temor a las reacciones estadunidenses de manera inusitada. Lo pongo con estas palabras: no se vayan a enojar. Es una demanda en buena lid, no estamos diciendo mentiras. Y si perdemos, perdemos.
Explica que “es una buena esgrima jurídica y cuando ganemos será muy exitoso. Desafortunadamente no vamos a poder regresar la vida a las personas ni se acabará de repente la violencia, pero sí evitaremos que entren más armas”.
Precisa que lo que decida el juez Saylor no es la última instancia, porque todavía quedan la apelación y la Suprema Corte de Justicia de ese país.
“¿Cómo voy a reaccionar cuando conozca la respuesta del juez? Lo primero que diría es que es el primer round, es decir, vamos empezando. El encabezado de las noticias dirá seguramente que México perdió o que México ganó. No es así, porque la batalla interesante ya se ganó: la batalla de narrativa, de conciencia, ya la ganamos. La batalla jurídica es una escaramuza con el juez de primera instancia. La interesante es la apelación. Después de la apelación viene la Suprema Corte… y ahí sí ya es otra conversación”.
Perfil
Alejandro Celorio Alcántara es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 2006 con rango de primer secretario. Actualmente es el consultor jurídico de la cancillería.
Previo a este cargo fungió como jefe de la Sección de Asuntos Hispanos y Migratorios en la embajada de México en Washington. En esa labor hizo la defensa de los intereses de los mexicanos en EU, en particular de aquellos que se encuentran de manera indocumentada, con herramientas como el litigio estratégico y el fortalecimiento con organizaciones pro migrantes y de defensa de derechos civiles en ese país.
Ha estado adscrito al Consulado General de México en Sacramento, California, como cónsul de Protección; y en la embajada de México en Paraguay como encargado de Asuntos Políticos y Económicos.
Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y cuenta con una maestría en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñate, España; maestrías en Transacciones Internacionales y Derecho Comparado por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco; y en Derecho Estadunidense por la Facultad de Derecho de la Universidad de Houston.
Es también diplomado en Administración Pública por la Universidad Iberoamericana.