Ciudad de México, a 22 de enero. La Fiscalía General de la República (FGR) deberá investigar un presunto esquema de corrupción relacionado con el desvío de recursos provenientes de créditos del Infonavit, que habría afectado a miles de trabajadores al dejar inconclusas o no entregar las viviendas prometidas.
La carpeta de investigación 6142024/FED/YUC/MER/0000614/2024 señala a la empresa Yavo Capital, presuntamente dirigida por Víctor Hugo Rosales Aranda y Olga Lidia Aranda Salas, como responsables de un fraude inmobiliario. De acuerdo con la denuncia, este esquema no solo ha perjudicado a los derechohabientes, sino también a desarrolladores inmobiliarios.
Durante la conferencia matutina del pasado 8 de enero, el titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, denunció la existencia contratos millonarios, resistencia a auditorías, créditos dobles, juicios masivos contra derechohabientes, contratación de seguros fraudulentos, manipulación en el Registro Único de Vivienda (RUV) y como presuntas acciones de corrupción al interior del Infonavit.
El titular del organismo denunció un caso de 2014 cuando el instituto contrató a la empresa TELRA REALTY por 100 millones de pesos para “diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian el lugar en el que residían.
“Existe una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores que se han coludido para otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda, en un esquema similar al que operó la Sofom SOLIMEX durante el sexenio de Enrique Peña Nieto”, señaló.
Según los representantes legales de los afectados en el caso Vylon Balance, los fondos desviados se canalizaron a las empresas Vylon Balance Solution S.A. de C.V. y KAAB Tulum S.A.P.I. de C.V., dejando a miles de trabajadores endeudados y pagando créditos por inmuebles que nunca recibieron. Entre los estados más afectados por este presunto fraude podrían encontrarse familias de Nuevo León, Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Tamaulipas.
“Llevo años pagando un crédito con intereses altísimos, pero no tengo casa. El dinero se desvió y nadie nos da una solución”, denunció uno de los afectados, quien pidió permanecer en el anonimato.
Asimismo el denunciante dijo estar preocupado por la posibilidad de las empresas señaladas no se hagan responsables por lo que según habrían identificado a Víctor Hugo Rosales Aranda, accionista y apoderado legal de la empresa, y Olga Lidia Aranda Salas, presidenta del consejo administrativo.