La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que establece que el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede hablar sobre partidos políticos y elecciones.
Así, con el inicio del proceso electoral rumbo a 2021 el instituto comienza a emitir resoluciones que tienen por objetivo limitar o de plano prohibir la libre expresión de las ideas, situación que denuncian analistas, académicos, constitucionalistas, periodistas, así como representantes de organizaciones sociales y empresariales desde la aprobación de la reforma electoral de 2007.
Hoy una vez más el TEPJF deberá pronunciarse en defensa de la libertad de expresión —garantizada en la Constitución— o en contra de esta: son muchos los ejemplos en los que sus magistrados han revocado acuerdos y resoluciones del instituto, mismos que en su momento pretendieron prohibir la libre expresión de ideas e incluso imponer sanciones económicas a quienes las emitieron o a los medios por los cuales se transmitieron.
La herencia
Fue en 2007 cuando el Congreso de la Unión aprobó una reforma electoral que impuso una serie de restricciones a diversas garantías fundamentales establecidas en la Constitución y desde entonces la autoridad electoral aplica sus criterios para prohibir que servidores públicos, legisladores e incluso particulares emitan opiniones en medios de comunicación electrónicos.
En repetidas ocasiones la autoridad electoral impidió que los actores políticos o sociales emitieran sus puntos de vista o informes de labores y otras incluso aplicaron sanciones económicas.
Y no solo a quienes pretendieron opinar o informar sino también a los medios de comunicación mediante los cuales se hizo la difusión respectiva.
Precisamente esta situación se repitió hace unos días, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió opiniones sobre el proceso electoral y ciertos partidos políticos.
El INE informó que su Comisión de Quejas y Denuncias recibió diversas solicitudes por parte del PRD, el PAN y doce diputados federales “para dictar medidas cautelares por el uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y llamado indebido al voto atribuibles al presidente de la República”.
Lo anterior, precisó el organismo, “con motivo de las expresiones durante una gira de trabajo en Baja California, realizada del 27 al 29 de noviembre, así como durante la conferencia matutina del 30 de noviembre, donde el Ejecutivo federal se pronunció sobre una posible alianza entre el PRI y el PAN, invitó a la ciudadanía a reflexionar su voto y a mantener el proyecto del gobierno en turno, lo que a juicio de los denunciantes viola los artículos 41 y 134 de la Constitución”.
La referida comisión determinó que las declaraciones del presidente “incluyeron elementos e información de índole electoral que pueden afectar la equidad o influir en las preferencias de la ciudadanía en los comicios federales y locales de 2021, por lo que declaró procedentes las medidas preventivas para que el presidente de la República se abstenga de realizar expresiones que resulten ilegales al constituir actos de intromisión electoral y de proselitismo en favor o en contra de una fuerza política”.
Aclaró la comisión del INE que su determinación “no prejuzga sobre el fondo del asunto, en virtud de que ello corresponde a la Sala Regional Especializada del TEPJF”.
En cuanto a la promoción personalizada la comisión determinó que “a partir de un análisis preliminar no existen elementos para determinarla, puesto que resulta razonable y lógico que el titular del Ejecutivo aparezca presentando los avances de las obras en la entidad federativa y su imagen en la conferencia de prensa matutina”.
Prohibido prohibir
Al conocer sobre la resolución de la Comisión de Quejas del INE el presidente López Obrador respondió: “Yo creo que tengo el derecho de expresarme, más cuando van en contra del proyecto que represento, inclusive en contra de mi persona. Y no estoy inventando nada: ellos mismos sostienen que es contra mí. Entonces, creo que sí tengo la libertad y la debo ejercer para aclarar y replicar”.
Aseguró que si se le indica que no debe decir nada, aunque lo estén atacando, entonces se quedaría callado: “Estoicamente aguantando los ataques, pero esto no es equitativo: sería injusto, sería quitarme mi libertad”.
El primer mandatario informó que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó un escrito ante el TEPJF a fin de que esta instancia se pronuncie al respecto: “Estamos haciendo una consulta y a la vez estamos defendiendo nuestro derecho a manifestarnos, a informarle al pueblo, a ejercer nuestra libertad de expresión como cualquier otro ciudadano”.
La consulta, puntualizó AMLO, “es para que el Poder Judicial decida sobre este asunto; es decir, si vamos nosotros a poder hablar de democracia o no, si va a estar vedado para el presidente, si va a estar prohibido hablar sobre la democracia en México o sobre otros temas. Si ya no voy a poder hablar de eso, entonces que me lo digan”.
Aclaró que sus puntos de vista no son para favorecer a algún partido: “Es expresarnos para que el ciudadano elija libremente a sus autoridades, que las elecciones sean limpias y libres, que no haya fraudes, que no trafiquen con la pobreza de la gente, que no compren votos, que no entreguen despensas a cambio de votos, que no rellenen las urnas, que no falsifiquen las actas, que no voten los difuntos, como era antes”.
Y añadió: “Sí, tenemos diferencias, porque imagínense cuántos fraudes vieron pasar por el INE y se hicieron de la vista gorda ¿O estoy mintiendo? Hay consejeros que firmaron en 2006 un manifiesto —todavía no eran consejeros, pero por eso llegaron a ser consejeros, sin duda— donde aseguraron que las elecciones de 2006 se habían realizado con transparencia, limpieza y legalidad; son los que hoy, uno o dos, son consejeros”.
Asimismo el jefe del Ejecutivo federal aseveró que el debate y la discrepancia son algo normal: “Siempre lo he dicho: tiene que haber polémica, debate, pluralidad y libertades. Prohibido prohibir. La libertad es consustancial a la democracia. Entonces no se puede limitar la libertad de expresión. No debemos sentirnos sorprendidos si hay críticas o cuestionamientos: eso es parte de la democracia”.
Finalmente indicó: “Siento que ellos (los consejeros electorales) tienen una visión distinta a la nuestra. Hemos tenido diferencias con el INE, sin embargo nosotros respetamos a esa institución”.
Impugnación
En el recurso interpuesto por la Consejería Jurídica de la Presidencia ante el TEPJF se expone que en la resolución de la Comisión de Quejas del INE “no se justifica con elementos probatorios la posible continuidad o reiteración de las conductas que fueron motivo de la queja”.
Abunda la Consejería: “Contradiciendo sus propios criterios, la responsable (Comisión del INE) llevó a cabo un análisis por demás subjetivo y carente de racionalidad, ya que a pesar de que no contaba con ningún indicio probatorio objetivo sobre la continuación o reiteración de la conducta señalada se pronuncia sobre actos futuros que no son eminentes y por tanto son inciertos, al no tener certeza de que los hechos denunciados se vuelvan a repetir de la misma manera”.
Y agrega: “Sin realizar un estudio integral, la Comisión de Quejas emitió la resolución carente de la debida motivación”.
Asimismo el documento aclara que los mensajes emitidos por el presidente durante las conferencias de prensa, así como en actos públicos, “no pueden calificarse a priori como posiblemente ilícitos”.
Y en cuanto a la participación del presidente, así como de otros funcionarios federales, en las conferencias de prensa, la Consejería explica que estas “tienen como propósito responder a los representantes de medios informativos en un claro ejercicio de la libertad de prensa, la cual goza de una presunción de licitud al tratarse de un derecho fundamental”.
La realización de conferencias de prensa “no transgrede en modo alguno los principios de equidad o imparcialidad y se realizan en el marco de la libertad de expresión”.
Asimismo la Consejería Jurídica solicita a la Sala Superior del TEPJF revisar y revocar la resolución de la Comisión de Quejas porque “no se ajusta a las determinaciones que el propio Tribunal ha hecho sobre medidas cautelares”.
Y concluye que la citada resolución “causa agravio en la esfera jurídica” del primer mandatario “ya que dicha determinación no encuentra sustento en la legislación comicial invocada por la responsable, puesto que su resolución está indebidamente fundada y motivada y en contravención a los principios de legalidad y certeza jurídica que debe regir en todo acto de autoridad”.
Así, de nuevo los magistrados electorales habrán de pronunciarse sobre la vigencia de la libertad de expresión, una garantía fundamental establecida en la Constitución.
El TEPJF y las mañaneras
En agosto pasado el INE emitió un acuerdo para prohibir que los concesionarios de radio y televisión transmitieran las conferencias mañaneras del presidente de la República en Coahuila e Hidalgo, donde habría elecciones el 18 de octubre. Sin embargo el TEPJF ordenó al INE modificar el acuerdo debido a que “careció de sustento normativo” y con ello las conferencias se siguieron transmitiendo.