Con más de 20 millones de personas en edad y en posibilidades de trabajar, la región Sur Sureste del país tiene apenas 1.5 millones de personas beneficiadas por el trabajo digno, esto es recibiendo un salario suficiente e incorporadas a la seguridad social.
En esa región, la que registra el menor desarrollo del país, la mitad de las personas que trabajan lo hacen en condiciones precarias sin ingreso suficiente y marginadas de la seguridad social, y otros 7 millones de personas, están totalmente excluidas del mercado laboral porque no encuentran trabajo o porque no pueden buscarlo por estar ocupadas en quehaceres domésticos o de cuidado.
Las cifras fueron presentadas por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza al dar a conocer el Semáforo de Trabajo Digno realizado a partir del análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que levanta INEGI.
A nivel nacional, el trabajo digno solo beneficia a 9 millones de personas, esto es: menos de la quinta parte de las personas ocupadas en México, mientras que 35.3 millones trabajan sin alcanzar un salario suficiente y/o ingresar a la seguridad social, en tanto que 24.6 millones de personas quedan fuera del mercado laboral por desempleo o por estar impedidas de buscar trabajo remunerado por sus quehaceres de cuidados o del hogar, de esta última cifra, la gran mayoría son mujeres (95%).
Una fotografía similar se obtiene al analizar la situación laboral de cada una de las entidades de la República Mexicana. En este comunicado los resultados de los estados de: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Frente a la Pobreza construyó el semáforo de Trabajo Digno para visibilizar la situación que es insostenible si se aspira a tener una economía en crecimiento con un mercado interno sólido que reduzca la dependencia de las exportaciones, aumente la recaudación fiscal para que el Estado puede financiar las transformaciones que se requieren, y sobre todo que se haga justicia, garantizando el acceso a la salud y al trabajo en condiciones de dignidad a todas y todos los mexicanos.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza pretende contribuir al debate nacional sobre la urgencia de poner los derechos laborales en el centro del modelo económico, a partir de un conjunto de propuestas escalonadas y de mediano y largo plazo.
La ruta parte del aumento al salario mínimo hasta fijarlo por arriba del costo de dos canastas básicas, con datos actuales, arriba de 7 mil pesos mensuales. Acelerar la puesta en práctica de la reforma laboral para favorecer la elección democrática de líderes sindicales que defiendan los derechos de los trabajadores, la legitimación de los contratos colectivos y la erradicación del outsourcing abusivo; fortalecer el apoyo a la capacitación y empleo de los jóvenes; promover la adopción voluntaria de nuevos estándares laborales en las empresas.. El proceso de medio plazo es establecer el trabajo digno como única forma legal de contratación y eliminar los incentivos a la informalidad superando la dependencia del derecho a la salud a las prestaciones laborales, transformando de raíz el modelo excluyente de seguridad social que tenemos hoy.
Un punto clave para el nuevo paradigma laboral es la creación -con presupuesto propio- de un sistema nacional de cuidados que atienda las necesidades de niñas y niños, de adultos mayores, de personas con discapacidad, y facilite que millones de mujeres dediquen su tiempo a lo que prefieran, entre otras, al empleo remunerado, al trabajo digno.
El dato de la situación nacional y regional del trabajo digno, es una parte importante de la fotografía de la realidad nacional, porque incide en la falta de crecimiento de la economía, limita la dimensión del mercado interno, reduce la capacidad recaudatoria fiscal, y, sobre todo, porque representa un caso extremo de violación de derechos humanos que genera más pobreza y desigualdad en el país.
El círculo vicioso se inicia con la escasa capacidad del sistema para generar empleos formales con salario suficiente y seguridad social. Sin contar a estudiantes, pensionados y personas con impedimentos graves, México tiene una población de casi 75 millones de personas en edad y condiciones de trabajar, pero solo están ocupados 50 millones. Cada año hay un déficit de cerca de 700 mil empleos.
Los salarios fueron frenados desde finales del siglo pasado, se permitió la subcontratación abusiva y el sindicalismo corrupto o de protección patronal y por la adopción de un esquema de seguridad social que encadena el acceso al derecho a la salud a las prestaciones laborales, encareciéndolas y excluyendo a la mayor parte de la población..
El resultado es que ahora, jóvenes y mujeres estudian más pero no consiguen trabajo, y quienes saltan la barrera del desempleo, trabajan pero en condiciones precarias. Se ignora que la salud y el trabajo son derechos constitucionales, exigibles por tanto.
La pandemia de Covid 19 solo agravó una situación que ya era insostenible. La pobreza en el país aumentó en 12 millones de personas; 3 millones más se quedaron sin empleo; 2.6 millones de personas quedaron subocupadas, y, entre los empleos perdidos, se perdieron 2. 3 millones de trabajos que tenían ingreso suficiente, es decir salarios por arriba del costo de la canasta familiar.