La violencia tiene un fuerte impacto económico en México: durante 2021 representó una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, las distintas actividades delincuenciales como el homicidio calificado, los asaltos y robos, los secuestros y las extorsiones tuvieron un costo que ascendió a 38 mil pesos para cada uno de los mexicanos, en promedio, de acuerdo con el Índice de Paz México 2022.
La investigación realizada por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), en la que se identifican y miden los factores que impulsan la paz en el país, destaca que la tasa de homicidios se mantiene en niveles históricamente altos, a lo que se suma un crecimiento generalizado en las tasas de agresión sexual y violencia familiar, lo que provocó que los índices de delitos violentos aumentara.
El estudio revela que si bien la tasa de asesinatos y delitos cometidos con armas de fuego tuvieron una ligera baja o que 23 entidades de las 32 registraron mejoras en la paz general el año anterior, otros indicadores revelan deterioros sociales producto de la actividad delictiva, sobre todo del crimen organizado, como el desplazamiento de 44 mil personas (nueva cifra histórica) por la violencia y la desaparición de nueve mil 600 personas, periodo en el que además se registró el mayor número de mujeres desaparecidas.
El director en México del IEP, Carlos Juárez Cruz, afirma que en el país ocurren diversas violencias que en algunos casos se interconectan, originadas por causas complejas que es necesario profundizar.
“Se necesita atender con urgencia los pilares más débiles, como el funcionamiento de los tres niveles de gobierno, y reducir de manera urgente la corrupción, superar los rezagos en inseguridad y justicia y atender la violencia de género”, recalca.
Concentración
Al presentar la novena edición del Índice de Paz México Juárez Cruz dice que la delincuencia organizada sigue siendo la principal impulsora de la violencia y de la victimización en el país.
Resalta que los homicidios el año anterior se redujeron en 4%, un aspecto positivo pero insuficiente para garantizar que sea una tendencia que se mantendrá, ya que ese delito permanece en un nivel histórico que alcanzó en 2021 la cifra de 34 mil asesinatos.
En contraste con la baja de homicidios, la violencia familiar y la sexual prácticamente se duplicaron (93 y 93.4%, respectivamente) en los últimos siete años. En Colima y Aguascalientes hubo un aumento de entre 200 y 400% de este tipo de agresiones de 2015 a 2017.
La violencia ha tenido una alta concentración geográfica en el país, que obedece a los reacomodos en las rutas de trasiego de drogas, así como a cambios en los mercados internacionales de estupefacientes, lo que propicia una concentración de la violencia, asevera el director del IEP.
Eso genera que los eventos violentos se concentren sobre todo en las entidades que tienen frontera con Estados Unidos, por donde los grupos delictivos introducen marihuana, cocaína y fentanilo.
Dice que el tráfico de marihuana se desplomó en la última década, en tanto que el de fentanilo y otros precursores aumentó en 870% desde 2016. “Hay un cambio de tendencia y esto implica que se modifique el aspecto territorial de la violencia”, subraya.
Refiere que en 2021 Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán concentraron la mitad de los homicidios del país.
Carlos Juárez agrega que en los territorios donde se deterioraron los niveles de paz hay factores comunes, como la actividad del crimen organizado y una alta disponibilidad de armas de fuego, lo que se refleja en el aumento de los homicidios.
Trastornos económicos
Además del daño que ocasiona al tejido social, a la convivencia, al libre tránsito y a la gobernabilidad, la violencia provoca un alto costo económico para el país que en 2021 se calculó en 4.92 billones de pesos, equivalente a 20.8% del PIB nacional.
De acuerdo con el Índice de Paz México 2022 el impacto económico de la violencia el año anterior fue más de siete veces mayor que las inversiones públicas realizadas en atención médica y más de seis veces que en educación.
Los costos asociados con los homicidios representaron además 43.4% del impacto económico de la violencia.
Si bien el informe destaca que se dio una mejora respecto del año previo, recalca que “el impacto económico de la violencia sigue siendo alto según los estándares internacionales y equivale a más de tres veces el gasto del gobierno de México en desarrollo económico”.
Agrega que la violencia y el miedo a la violencia crean trastornos económicos importantes, puesto que los incidentes violentos generan costosos daños a la propiedad, lesiones físicas y/o trauma sicológico.
Esta situación también altera el comportamiento económico al cambiar los patrones de inversión y de consumo, desviando recursos públicos y privados de las actividades productivas hacia medidas de protección.
Por si esto no fuera suficientemente grave la violencia y el miedo a la violencia también llevan a pérdidas en la productividad, de ingresos y gastos distorsionados.
El Índice de Paz destaca que los costos derivados de la violencia en México son sustancialmente mayores que los gastos gubernamentales en la contención de la violencia: en 2021, 18.2% del impacto económico de la violencia en el país fue gasto gubernamental y gastos de protección privada, mientras que 81.8% restante provino de homicidios, delitos con violencia, crímenes de la delincuencia organizada y miedo a la violencia.
“Esto difiere notablemente de las tendencias globales del impacto económico de la violencia, donde 82% del impacto consta de gastos gubernamentales y privados para contener y prevenir la violencia. Estas cifras sugieren que el gasto en contención de la violencia es desproporcionadamente bajo en México”, subraya.
Control
Sandra Ley, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), refiere que en las últimas tres décadas el crimen organizado ha desarrollado “regímenes de gobernanza criminal” con los que establece controles políticos, económicos y sociales.
Afirma que hay elementos tangibles que muestran cómo el crimen organizado incide en los procesos electorales al atentar y asesinar a políticos y candidatos, en el control de precios agrícolas como el del aguacate, y en los flujos de información y organización de las comunidades más afectadas por la violencia, además de proveer bienes y servicios en las localidades que controlan.
“Esta violencia criminal tiene una lógica política; a diferencia de grupos paramilitares, donde encontramos tendencias ideológicas, el crimen organizado no tiene esta tendencia política, pero sí un interés en la política misma”, menciona.
Autora del libro Votos, droga y violencia, en coautoría con el investigador Guillermo Trejo, la experta puntualiza que la alternancia partidista tiene un aspecto positivo en la violencia criminal debido a que sacude de manera profunda las redes de protección a partir de las cuales se sustentan los grupos criminales.
Asegura que la llegada de un nuevo partido al poder amenaza esas redes y abre oportunidades para nuevos grupos de cubrir el territorio de estos nuevos gobiernos, una tendencia que se viene observando desde mediados de los noventa del siglo XX.
Ley subraya que la gobernanza criminal es un fenómeno en el que actores políticos son directamente influidos por el crimen organizado, proceso detectado desde 2006 y que prosigue sobre todo a nivel municipal.
“Los actores políticos se convierten en víctimas del crimen organizado, lo que deja vulnerable a la democracia local, por lo que debería de ser nuestra principal preocupación el cómo se está transformando la manera de hacer política en el país”, asevera.