Una de las grandes exigencias de los mexicanos es que el nombramiento de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sea responsabilidad de organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior para garantizar un auténtico organismo ciudadano e independiente de los partidos políticos.
El artículo 41 de la Constitución establece: “El consejero presidente y los consejeros electorales del INE serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados”.
Preguntémonos cuál es el resultado hasta ahora de esta determinación establecida en la Carta Magna.
1. Los partidos descalifican sistemáticamente las resoluciones de los consejeros cuyos nombramientos no respaldaron.
2. Los perdedores de una elección desconocen los resultados y culpan a los consejeros, exigiendo su destitución.
3. Los trabajos legislativos en San Lázaro se ven seriamente afectados cada vez que los partidos se confrontan por el nombramiento de los consejeros.
Basta recordar que en octubre de 2010 los partidos se confrontaron en la Cámara de Diputados e incumplieron con el nombramiento de tres consejeros, dejando al Consejo General del organismo incompleto durante 14 meses.
En febrero de 2013 renunció un consejero y los partidos dejaron vacante el lugar durante seis meses.
Y en 2014, cuando los diputados designaron a cinco nuevos consejeros y transformaron al Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral, de nuevo volvieron a confrontarse en San Lázaro.
En cada proceso los partidos se acusan unos a otros de querer imponer a personajes afines a sus respectivos intereses o bien los partidos minoritarios denuncian que las principales fuerzas políticas se distribuyen entre sí las posiciones vacantes.
De ahí la exigencia ciudadana de que los nombramientos no obedezcan a una lógica “de cuotas ni cuates”.
Exigencias mínimas
Resulta ingenuo pensar que los partidos renunciarán a su facultad de designar a los consejeros electorales y dejarán esta responsabilidad en organizaciones ciudadanas, instituciones de educación superior y colegios de expertos en la materia.
Así que, por lo menos, la sociedad exige a los diputados federales que:
“El proceso de selección de consejeros no sea una fuente más de controversia, descalificación política y erosión de la democracia.
“Las fuerzas políticas representadas en el Congreso deberán evitar que el proceso de designación de consejeros sea moneda de cambio para avanzar o aprobar otras reformas legislativas o para negociar otros nombramientos que involucren al propio Congreso.
“Las reuniones de trabajo de los diputados deben transmitirse en vivo a través de los canales digitales del Canal del Congreso o plataformas tecnológicas.
“No se deben imponer mayorías. Se debe privilegiar el consenso como método para la toma de decisiones.
“Los integrantes de los comités de evaluación de candidatos a consejeros deben ser independientes y sin conflictos de interés.
“Garantizar que los consejeros tengan el perfil académico necesario.
“Los consejeros deben ser ciudadanos de principio a fin, sin sesgos de partido ni de ideología”.
Ni cuotas, ni cuates.