Académicos, investigadores y especialistas en materia electoral analizaron y reflexionaron sobre el riesgo del uso de los programas sociales con fines electorales y clientelares, en el marco del “Seminario de metodologías para la observación en justicia electoral”, organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) y la Red de Observación en Justicia Electoral (ROJE).
Durante la mesa de trabajo “Panorama del uso de los programas sociales en los procesos electorales”, Irma Méndez de Hoyos, la investigadora del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo Elba Arjona, presentó el estudio sobre la integridad de los programas sociales a nivel federal y su posible impacto en las elecciones, base para la realización de estos espacios de análisis.
Tras explicar las características que se definieron en el estudio para identificar si los programas sociales son o no susceptibles al clientelismo político, afirmó que para evitarlo es necesario contar con reglas claras y criterios de distribución formalizado, así como con un marco normativo que permita la máxima publicidad a fin de lograr mayores controles y padrones de beneficiarios.
En tanto, Vania Pérez Morales, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, indicó que el uso de los programas sociales representa un factor de corrupción para el país. Apuntó que actualmente existe un déficit mayor sobre las reglas de operación, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, al tiempo que aseguró que la participación ciudadana es un pilar fundamental en la vigilancia de programas sociales y en el ejercicio de los recursos.
Por su parte, la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey del TEPJF, Claudia Valle Aguilasocho, señaló que las formas de apoyo que se dan deben estar enlazadas con una política pública de gobierno y no de ocasión electoral, ni de color de partido, ni de candidaturas, porque si no, se transforman en moneda de cambio y es cuando el clientelismo electoral se vuelve una infracción y una lesión a la democracia.