Cualquier ciudadano puede cometer algún delito electoral; sin embargo, son los servidores públicos electorales o los funcionarios partidistas quienes están en mayor riesgo de incurrir en una conducta de estas características, alertó Gabriela Ávila Hernández, subdirectora de Área de la Dirección General de Política Criminal y Vinculación de la Fiscalía especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) de la Fiscalía General de la República (FGR).
Como parte del Segundo Foro Regional: Prevención de compra y coacción del voto y delitos electorales, realizado en el municipio de Chalco, Ávila Hernández indicó que la Ley General en materia de Delitos Electorales considera que dichos actos son dolosos; es decir, que se cometieron deliberadamente.
Respecto de los delitos en que pueden incurrir los funcionarios electorales se encuentran: instalar, abrir o cerrar una casilla fuera de los tiempos que establece la Ley o colocarla en un lugar distinto al que le fue asignado; permitir que una o un ciudadano emita su voto, pese a que no cumpla con los requisitos, o divulgar noticias falsas.
Añadió que actos como registrarse en la Lista Nominal de un lugar distinto al de la residencia habitual de la o el votante se considera un delito; también lo es retener la credencial para votar durante la Jornada Electoral, recibir dinero a cambio de sufragar e impedir la instalación de una casilla, entre otros.
La funcionaria federal enfatizó que estas conductas deben ser denunciadas, para lo cual es necesario establecer cuándo, cómo y dónde sucedieron los hechos para que la autoridad correspondiente, ya sea la FGR o la Fiscalía estatal, inicien las labores de investigación, pues están obligadas a ello.