Al interior de ambas instituciones los integrantes de sus respectivos órganos de gobierno mantienen una constante confrontación, lo que pone en riesgo los comicios, señalan expertos.
Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enfrentan el desafío de organizar y vigilar el buen funcionamiento del proceso en curso y ofrecer certidumbre sobre el resultado de los comicios del 2 de junio.
Sin embargo, en ambas instituciones los integrantes de sus respectivos órganos de gobierno vienen protagonizando una serie de conflictos que preocupan tanto a los actores políticos —partidos y candidatos— como a diversos sectores de la sociedad y a los analistas, debido a lo delicado de su función: organizar comicios y oficializar o, en su caso, anular resultados electorales.
En este sentido, desde diferentes posiciones se hace un llamado a sus integrantes a superar ambiciones personales, rencillas o simples desacuerdos por el bien de la democracia.
Incertidumbre
La Sala Superior del TEPJF sesiona de manera incompleta desde octubre del año pasado, cuando concluyeron su encargo dos de los siete magistrados que la conforman. Y tan pronto quedó con ausencias, comenzaron los problemas entre sus integrantes.
En la sesión del 7 de diciembre de 2023 los magistrados Felipe Fuentes, Mónica Soto y Felipe de la Mata Pizaña pidieron al magistrado Reyes Rodríguez que renunciara a la presidencia del TEPJF.
Rodríguez solicitó unos días para analizar la solicitud, a lo que Fuentes respondió: “La decisión en torno de si continúa o no en la presidencia no puede ser pospuesta. Debe ser ya, para no generar incertidumbre; al contrario, debemos generar certeza sobre la administración de la justicia electoral”. E incluso le advirtió que “aferrarse al cargo” tendría “consecuencias nocivas” para el Tribunal.
A su vez, el magistrado De la Mata acusó a Rodríguez de “hostigar al secretario general de Acuerdos”, de permitir que “despachos de abogados intervengan” en el Tribunal y de “hacer contrataciones innecesarias”.
Rodríguez se resistió en un principio e incluso retó a sus compañeros magistrados a que presentaran las pruebas de las supuestas irregularidades durante su gestión. Finalmente, anunció el 11 de diciembre su renuncia al cargo: “Termino mi presidencia al frente del Tribunal Electoral. Ante una situación atípica de un pleno incompleto, como presidente me vi en la difícil decisión de presentar mi renuncia al cargo. Lo hice para mantener la funcionalidad de la institución y encauzar su gobernabilidad”.
El magistrado también recordó que “tras décadas de subordinación de los órganos electorales al Poder Ejecutivo, un Tribunal Electoral imparcial e independiente es una conquista de la ciudadanía. Por ello es esencial que el TEPJF consolide, en los meses siguientes, su independencia y dé muestras de ello al garantizar el cumplimiento de la ley y los derechos políticos de todas las personas en la elección más grande de la historia de México”.
En su sesión del 16 de diciembre los magistrados De la Mata Pizaña y Fuentes respaldaron con sus votos la llegada de la magistrada Soto a la presidencia de la Sala Superior.
Ante ese panorama la Barra Mexicana, Colegio de Abogados exhortó a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral a “resolver la inestabilidad que se ha desarrollado, de cara a las elecciones”.
Asimismo, advirtió que “las divisiones internas evidenciadas podrían generar incertidumbre jurídica e inestabilidad para la democracia, afectando así a la ciudadanía en general”.
En ese entonces los integrantes de la organización de abogados consideraron que no era necesario “que la máxima autoridad jurisdiccional en la materia tuviera un cambio accidentado e intempestivo en su presidencia”.
La Barra de Abogados también se comprometió a dar seguimiento a la situación del órgano encargado de calificar la elección de presidente de la República.
A su vez, representantes de los partidos de oposición exigieron respeto a la autonomía del Tribunal y reprocharon que se exigiera la renuncia de Reyes Rodríguez.
Marko Cortés, presidente nacional del PAN, dijo en su momento que pedir la renuncia de Rodríguez provocaba “incertidumbre” y que nadie quiere ver un Tribunal “debilitado”.
Renuncias y falta de nombramientos
Desde que el 3 de abril de 2023 asumió la presidencia del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei se ha mostrado incapaz de lograr que sus compañeros consejeros acepten las propuestas que ha formulado para ocupar áreas estratégicas del organismo.
En mayo del año pasado propuso a Flavio Cienfuegos para ocupar la Secretaría Ejecutiva del instituto y no logró el respaldo de la mayoría de los consejeros (ocho votos).
Por parte de quienes rechazaron la propuesta el argumento fue que Cienfuegos “no tiene experiencia ni conocimientos en la rama electoral”, sobre todo para ocupar dicha Secretaría que atiende temas jurídicos, quejas de los partidos e incluso asuntos administrativos.
Ante la negativa la presidenta del organismo mantuvo a Ángel Patiño como “encargado del despacho” de la Secretaría Ejecutiva.
Luego se presentaron una serie de renuncias. Por ejemplo, la de los titulares de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (que garantiza la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares), la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización (que supervisa egresos e ingresos de partidos y candidatos) y la Dirección Ejecutiva de Administración,
“Algunas de estas vacantes se han generado no solo por la voluntad de quienes han dejado el cargo, sino por las presiones directas o indirectas o por las condiciones inadecuadas que se han creado en su entorno, que les impedían ejercer el cargo para el que fueron designados”, expuso en su momento el consejero Jaime Rivera.
Ya en pleno desarrollo de las precampañas presidenciales (16 de diciembre) un grupo de consejeros aprobó un “mecanismo extraordinario” para que la presidenta del INE presentara, en un plazo no mayor a 30 días, sus propuestas para designar titulares de diversas áreas, entre ellas la referida Secretaría Ejecutiva.
Morena impugnó ante el TEPJF el citado “mecanismo” y una mayoría de tres magistrados —de los cinco que integran la Sala Superior— resolvió que el Consejo del INE carece de facultades para fijar plazos en cuanto al tema de nombramientos de titulares de áreas, así como para establecer los requisitos que deben cumplir las personas que ocuparán cargos de dirección en el instituto.
En su resolución, el TEPJF expuso: “En consecuencia, la consejera presidenta podrá proponer al Consejo General las personas titulares de las áreas mencionadas y, en caso de que no se aprueben las propuestas, designar a las personas encargadas de despacho. Por cuanto hace a las encargadurías de las direcciones y unidades técnicas, la presidencia podrá designar libremente”.
Esas designaciones “podrán ejercer el cargo hasta la conclusión del proceso electoral”.
Inconforme con la resolución, el magistrado Reyes Rodríguez apuntó que “el Consejo General del INE ejerce su facultad reglamentaria para garantizar la debida integración de sus órganos en pleno uso de sus atribuciones”.
Y cuestionó: “¿Cómo puede ser posible que se valide que de manera unilateral la presidencia de este órgano designe en el encargo a personas que no obtuvieron una aprobación para ejercer el cargo por parte del Consejo General?”
Para el consejero Martín Faz es necesario que se propicie un espacio para el diálogo:
“Desde luego, no estoy de acuerdo con ella. Creo que esa resolución no nos ayuda. Nuestro mecanismo lo que buscaba justo era crear un espacio para un diálogo y para ir mejorando la colegialidad”.
A su vez, la consejera Carla Humphrey expresó: “Me parece muy cuestionable la sentencia (del TEPJF). Yo hago votos (…) para que podamos encontrar los mejores perfiles y dar este mensaje a la ciudadanía en el sentido de que las actividades del instituto están en tiempo y forma realizándose”.
Gravedad
Expertos y diversos sectores de la sociedad advirtieron que la crisis reflejada dentro del INE y el TEPJF podría poner en riesgo la elección de este año.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su “preocupación y desacuerdo por la resolución aprobada por el TEPJF que permite a la presidenta del INE decidir, de manera unilateral y no colegiada, la designación de la persona que asumirá la Secretaría Ejecutiva”.
El organismo afirmó que la decisión “pone en riesgo la imparcialidad del proceso y la elección de 2024”.
A su vez, un grupo de 26 organizaciones ciudadanas que promueven lo que denominan Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral recién dio a conocer un informe que analiza la situación por la que atraviesa el proceso electoral.
En su reporte se refirieron a lo sucedido en el TEPJF y concluyeron: “Consideramos que los hechos sucedidos son de suma gravedad y suponen un riesgo a la integridad electoral por tener un impacto directo en la estabilidad institucional del Tribunal Electoral en momentos donde lo que está en juego es la elección más grande de la historia de nuestro país”.
Además, “frente a la opinión pública, mina la credibilidad y legitimidad del TEPJF como árbitro imparcial en la resolución de conflictos electorales, puesto que abre la puerta a que se desestimen las decisiones relativas a sentencias como una manifestación del conflicto interno y no como un desacuerdo sobre los criterios jurídicos que deben regir el actuar del máximo órgano electoral”.
En este sentido, tanto los expertos como las organizaciones ciudadanas llaman a los integrantes de los órganos de gobierno del TEPJF e INE a entablar el diálogo interno y conducirse con apego a la legalidad.
¡Hay Tiro!
De acuerdo con los posicionamientos y los desencuentros públicos, los bloques formados al interior de los órganos electorales son los siguientes.
TEPJF Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes versus Reyes Rodríguez y
Janine Otálora.
INE Guadalupe Taddei, Jorge Montaño, Norma de la Cruz, Rita Bell y Uuc-kib Espadas versus Martín Faz, Dania Ravel, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Carla Humphrey y Arturo Castillo.