A pesar de sus principios de objetividad, imparcialidad y transparencia, la influencia de otros actores políticos no permite que la máxima autoridad electoral le cumpla a voluntarios, funcionarios ni votantes.
El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la misión de organizar elecciones libres, equitativas y confiables en las que la ciudadanía, el centro de la democracia, pueda ver reflejados sus derechos político-electorales, pero cada año parece consolidarse como un órgano más cercano a los partidos políticos y a los gobiernos en turno que a la sociedad.
A manera de ejemplo: las elecciones de este año son las más grandes en la historia de México y, sin embargo, su organización tendrá un financiamiento total de dos mil 873 millones de pesos, 21% menos que en 2018, mientras que los partidos recibieron poco más de diez mil millones de pesos, la cifra más alta en toda la historia.
¿De quién son, entonces, las elecciones?
Más aún, hace unas semanas casi 40 mil mexicanos residentes en el extranjero fueron excluidos de la Lista Nominal de electores en el extranjero bajo el argumento de que su registro presentó irregularidades.
Esas 39 mil 724 personas vieron así mermado su derecho democrático por excelencia. Y aunque se han reincorporado algunos casos a la Lista Nominal, lo cierto es que el caso revela una falla interna en la que, según detalló la consejera Carla Humphrey, pudo haber registros de terceros sin consentimiento de los votantes.
Gallinita ciega
El INE está obligado a transparentar la información sobre el origen y destino que utilizan las candidatas y candidatos durante los procesos electorales, como un medio para fortalecer la confianza y la participación ciudadana en la vida democrática, a la par de hacer válido nuestro derecho de acceso a la información.
Sin embargo, también es cierto que su modelo de fiscalización se enfoca en lo que los partidos políticos reportan, dejando fuera otras fuentes de financiamiento como recursos en efectivo, de procedencia ilícita y hasta del crimen organizado.
De hecho, el INE ha tenido que recurrir a instancias jurídicas, concretamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que la autoridad electoral tenga acceso a carpetas de investigación.
En entrevista con Vértigo el exconsejero electoral Rodrigo Morales explica que el problema este año no se reduce a las otras fuentes de financiamiento, sino que hubo un periodo previo a las campañas en el que los aspirantes se promovieron a diestra y siniestra.
“Creo que el año pasado los ciudadanos vimos unas campañas y el INE vio otras: nosotros vimos las calles inundadas de propaganda, sobre todo en el proceso interno de Morena. El instituto parece que no vio lo mismo, pero todavía queda tiempo y faltan informes por rendir”, puntualiza.
Así, aunque las actividades del INE deben partir de principios rectores como certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, parece que el órgano ha cerrado los ojos ante ciertos actos. Y al final esto afecta no solo a la credibilidad del instituto, sino de las propias elecciones.
“En este proceso electoral el arbitraje que han hecho tanto el INE como el TEPJF se ha visto dañado: el año pasado se hicieron pre-precampañas y las autoridades no fueron capaces de reencausar a la legalidad las actividades que realizaron las dos coaliciones”, detalla Morales.
Cuestionado sobre si el instituto ha conseguido que las campañas sean objetivas e imparciales, el exconsejero electoral responde que “estamos en un desacato sistemático por parte del Ejecutivo; por ejemplo: tiene alrededor de 30 medidas cautelares por actos que no están permitidos ni en la Constitución ni en la ley, pero ha decidido hacer caso omiso”.
Esto significa, agrega, que “tenemos un arbitraje que no ha podido remediar la inequidad, que no ha podido asegurar el llamado piso parejo. Así que no, no estamos en las circunstancias de mayor equidad e imparcialidad”.
Al preguntarle sobre si se han sobrepuesto los intereses o caprichos de los partidos a los de la ciudadanía, el exconsejero recuerda el caso de la llamada Marea Rosa: “Lo del color en la marea rosa fue una frase desafortunada: surgió de una discusión que se dio en el Consejo General, donde los representantes de Morena alegaron que ese color era del INE. Pedir que se cambiase cuando ya estaba hecha la convocatoria no fue lo más afortunado, pero entiendo que fue una declaración a título personal de la consejera presidenta, no del instituto”.
El exconsejero insiste en señalar que para poder cumplir los intereses de la ciudadanía “hay que revisar, pasada la elección, las reglas que pensábamos que eran buenas y que funcionaban: hay que darle más poder coercitivo al INE para, por ejemplo, hacer cumplir sus sentencias y medidas cautelares”.
Alertas y desencanto
A menos de dos semanas de las elecciones 800 Capacitadores Asistentes Electorales (CAES) y 41 Supervisores Electorales (SE) renunciaron de manera masiva, lo que prendió las alertas dentro del instituto, pues de estos ciudadanos voluntarios depende la correcta integración de las casillas electorales, las Mesas Directivas y hasta el conteo de votos.
Los consejeros electorales Martín Faz, Jaime Rivera, Dania Ravel y Carla Humphrey declararon que se trataba de una situación de emergencia porque, en palabras de Rivera, “ya no hay tiempo para aplazar una decisión tan urgente para una serie de funciones tan importantes en la fase más decisiva del proceso electoral”.
Aunque en un principio se creyó que la decisión respondía a temas de seguridad, la realidad es que la renuncia fue producto de bajos salarios que no se corresponden con la carga laboral: mensualmente los SE reciben entre doce y 15 mil pesos, mientras que los CAES ganan entre nueve mil 500 y doce mil.
Para el exconsejero electoral consultado, esta es una señal de alerta sobre la participación ciudadana en los comicios del 2 de junio: “los CAES y los SE son los ciudadanos que sí te hacen falta para estar seguros y tener todas las garantías en la integración de las mesas directivas”.
Más aún, insiste en que “el INE, por su tradición, es una institución profesional y sólida, pero no es normal requerir una contingencia de esta magnitud. Si el 2 de junio se integran las casillas como siempre se ha hecho el instituto habrá cumplido con su labor de invitar a la ciudadanía a contar y vigilar las votaciones. Esperemos no haya una mala sorpresa”.
Finalmente, cabe señalar que el INE posee además un compromiso innegable con la ciudadanía, a tal grado de que uno de los principales objetivos del instituto hacia 2026 es aumentar la confianza de los mexicanos en la autoridad electoral, de manera que tengan mejores mecanismos de participación. Para estas elecciones el organismo ha trabajado para conseguir una participación de 77% del Padrón Electoral en las elecciones federales y prácticamente 99% en la integración de las mesas directivas de casilla.
Morales puntualiza que estos objetivos solo podremos comprobarlos pasadas las elecciones, pero matiza y señala: “Hay un segmento que no se ha involucrado objetivamente en este proceso electoral: los jóvenes. Y esto es atribuible no solo al INE, sino también a los partidos y a los propios candidatos. En este sentido, tenemos una deuda con ese asunto, porque no se nota ni el entusiasmo ni el involucramiento de los jóvenes como había sido anteriormente”.
Por ello, exhorta a que todos los actores políticos revisen “su lenguaje, sus ofertas y su manera de acercarse a los jóvenes, porque hay que conseguir que se entusiasmen, que se acerquen y que participen de la política”.
Con todo, el INE tiene la obligación de atraer, de convocar y de organizar; su fin y sus medios dependen enteramente de la ciudadanía. Pero sin estrategia, sin un mensaje esperanzador para la juventud, ¿es realmente posible que cumpla su función?
Instituto Nacional Electoral
Misión Organizar procesos electorales libres, equitativos y confiables para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y contribuir al desarrollo de la vida democrática de México.
Visión Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la consolidación de la cultura y convivencia democrática en México, distinguiéndose por ser una institución moderna, transparente, eficiente, en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones equitativas e imparciales.
Funciones de CAE y SE
Las principales tareas de los CAE son las de visitar, sensibilizar, notificar y capacitar a la ciudadanía sorteada para que participe en la integración de las mesas directivas de casilla. Posteriormente deberán entregar los nombramientos a las personas que resulten designadas, capacitarlas de manera específica en las funciones a realizar durante la Jornada Electoral y apoyarlas en sus distintas actividades.
Por su parte, los SE tienen la responsabilidad de coordinar, motivar y apoyar a los CAE para que incentiven la participación de los ciudadanos y logren que asistan el día de la elección y realicen adecuadamente las tareas que les correspondan.