El grito de protesta por Ayotzinapa se transforma en actos de agresión realizados por encapuchados. Este 5 de noviembre un grupo le prendió fuego a un vehículo del Metrobús en Ciudad Universitaria.
Otro grupo, también en las afueras del campus principal de la UNAM, saqueó una tienda Seven Eleven. En Xalapa fue quemada la puerta del Palacio de Gobierno de Veracruz. La Autopista del Sol fue bloqueada durante seis horas, así como todos los accesos a Chilpancingo…
Los bloqueos y saqueos de comercios y supermercados se han vuelto comunes en las protestas. También los actos de vandalismo. Hemos visto agresiones personales contra Jesús Zambrano, el ex presidente del PRD, mientras participaba en una mesa redonda en la UNAM, y contra Cuauhtémoc Cárdenas, cuando marchaba en una manifestación de protesta por el crimen de Iguala.
Muchos de los manifestantes parecen estar más preocupados en promover agendas políticas que en buscar justicia para los normalistas desaparecidos. Algunos exigen la renuncia de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Otros buscan ajustar cuentas dentro de sus propios partidos, como demandar la renuncia del presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete.
Nadie parece prestar atención al éxito de las investigaciones o a la detención del presunto responsable de haber ordenado el uso de la fuerza pública en contra de los normalistas de Ayotzinapa y su entrega a la banda de los criminales Guerreros Unidos, el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
Hemos visto ahora acusaciones de relación de algunos políticos con Grúas Berumen, la empresa propiedad de Salvador Berumen, padre de Noemí Berumen, la amiga de Yazareth Abarca, hija de José Luis Abarca, que cobijó a los Abarca cuando estaban prófugos.
Las grúas de Berumen se utilizaron en varios eventos del PRD, el Gobierno del Distrito Federal y Andrés Manuel López Obrador. Pero el que alguien contrate unas grúas no implica, por supuesto, ninguna relación con el crimen organizado.
Por otra parte, no hay hasta este momento ninguna acusación concreta en contra de Salvador Berumen. Su hija Noemí fue detenida por encubrimiento, aunque todo parece indicar que actuó más bien por su amistad con Yazareth, la hija del matrimonio Abarca.
Incapacidad
Pero en el enrarecido ambiente político de la actualidad la desaparición de los normalistas es pretexto para ajustes de cuentas entre políticos.
Entre los desmanes de algunos y las agendas políticas de otros los normalistas de Ayotzinapa se han convertido en un pretexto para promover intereses de todo tipo. Se olvidan también los miles de desaparecidos y asesinados de la larga guerra contra el crimen organizado. Nadie quiere ver que en la falta de un Estado de Derecho se encuentra la raíz del problema.
Es la incapacidad del Estado mexicano para aplicar la ley lo que ha provocado la desaparición de los normalistas y de miles más y es una incapacidad que se manifiesta también en la parálisis de la autoridad ante los desmanes y abusos de quienes buscan promover su agenda política o buscan obtener dinero o privilegios del gobierno.