Los grupos violentos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hicieron todo lo que pudieron para tratar de impedir que se llevaran a cabo las elecciones del 7 de junio en las comunidades bajo su control.
En lugares como Juchitán y Pinotepa Nacional tomaron y quemaron urnas y material electoral. La idea era obligar a las autoridades a anular las elecciones, lo cual les daría a los activistas, que se oponían al proceso democrático, un triunfo automático.
En una decisión que puede sentar un precedente muy importante, sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se negó este 19 de agosto a anular las elecciones en Oaxaca a pesar de que no se instalaron 361 casillas.
El artículo 76 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación señala que se anularán los comicios en aquellos distritos en que no se instale 20% o más de las urnas. Aun así, los magistrados concluyeron que esto equivaldría a premiar a los violentos y violaría en cambio el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes a través del voto democrático.
El fallo de la Sala Superior fue unánime. Esto le añade fuerza a la decisión. Ninguno de los magistrados ofreció argumentos para defender la anulación. Los fallos del Tribunal Electoral tienen la misma fuerza de ley si son divididos o unánimes. Sin embargo, la unanimidad fortalece la decisión de los magistrados particularmente para generar jurisprudencia. Los tribunales inferiores no tendrán dudas cuando traten casos similares.
Espíritu
Los grupos de la CNTE que robaron y quemaron urnas, o que buscaron amedrentar a funcionarios electorales o a electores, estaban convencidos de que si lograban destruir o impedir la instalación de 20% de las casillas electorales sería inevitable anular los comicios. De hecho, las autoridades electorales de Guerrero tomaron la decisión de anular los comicios en algunos distritos debido a esa misma regla. La medida, sin embargo, servía de incentivo para realizar mayores actos de violencia en el futuro para impedir los procesos electorales.
La decisión del Tribunal Electoral quiere decir que los ciudadanos que sí tuvieron la oportunidad de votar, y que sobre todo mostraron el valor de hacerlo a pesar de las presiones de la CNTE, han tenido la oportunidad de escoger por sí mismos a sus representantes y gobernantes locales. Los legisladores y ediles elegidos por ellos tendrán el mandato y los recursos de ley para realizar su trabajo. El esfuerzo de la CNTE para evitar estas elecciones con el propósito de designar a representantes y gobernantes en asambleas populares, que ella controlaría, enfrenta un golpe muy fuerte por este fallo.
La CNTE no se dará por vencida. Considerará como espurios a los candidatos que ganaron democráticamente las elecciones y tratará de hacerles la vida imposible. Seguramente buscarán forzar sus renuncias para lograr así el control de la vida política de Oaxaca y de otras entidades. Pero el Tribunal Electoral tenía que cumplir con su función de salvaguardar la democracia. El fallo por eso es tan importante.
Uno de los puntos relevantes de la decisión del TEPJF es que preserva el espíritu antes que la letra de la ley. La legislación sí establece como causal de nulidad el que no se abra 20% de las casillas y no hace distinciones sobre las razones que lleven a esta situación. Habría sido muy fácil para los magistrados, como lo hacen tantas veces los jueces de nuestro país, tomar la letra de la ley y anular las votaciones. Pero con ello solo habrían ayudado a debilitar el sistema democrático de nuestro país.