El presidente Andrés Manuel López Obrador no solo impulsó sino que también se someterá a la consulta de revocación de mandato en marzo próximo, con lo que evidenciará su capacidad de convocatoria y respaldo social, amén de dotar a la sociedad mexicana de una herramienta de evaluación de suma valía.
Sin embargo, contrario a todo pronóstico, los partidos de oposición tratan de entorpecer la realización de la consulta e incluso llegan al extremo de arriesgarse a desacatar el plazo que tienen para emitir la legislación correspondiente.
Ello se apreció de manera directa en la negativa por parte del bloque opositor de aprobar la realización de un periodo extraordinario en el que se aprobaría la Ley de Revocación de Mandato, con la que estaría completo el escenario para que la ciudadanía concurra a las urnas en marzo.
Lo que los opositores tratan de proyectar como una acción de promoción política debe apreciarse como una acción más de democracia participativa, que sentará las bases para que los próximos presidentes del país se sometan a una consulta similar, lo que le permitirá a la sociedad mexicana ratificar o retirar el respaldo que otorgaron en las urnas a partir de la valoración de los resultados arrojados durante la primera mitad de su gestión.
Con la instauración formal de la consulta de revocación de mandato, más allá de que se cuestione el respaldo social al presidente, se dota a la ciudadanía de una herramienta valiosa, que se quiera o no sería de utilidad a los partidos y políticos de oposición para rectificar el rumbo del país, para no atar el destino de México a una administración deficiente por seis años.
Al momento los mexicanos elegimos a un presidente que gobierne al país durante seis años, pero la figura de revocación de mandato abre la posibilidad de que en caso de no contar con los resultados esperados la gestión de un mandatario pueda acortarse para evitar que se afecten en mayor medida los intereses de la patria.
Se trata de una posibilidad que hasta ahora no existía y cuyos mecanismos, tanto de solicitud como de organización, deben establecerse y en su caso perfeccionarse, pero el hecho de que el bloque opositor se niegue a cumplir con su obligación plasmada en un mandato de dotar a la nación de la ley correspondiente exhibe una suerte de venganza que coloca los intereses partidistas por delante del cumplimiento de una obligación.
Trecho
En principio es necesario considerar que la Ley Federal de Revocación de Mandato y Juicio Político, o Ley reglamentaria del artículo 35 constitucional, se aprobó en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos segunda en el Senado y resta que se avale en el pleno de la cámara alta para dar continuidad al proceso.
No se trata de algo nuevo sino de la culminación de un proyecto de la 4T que requiere del concurso de todos los partidos políticos.
La iniciativa de revocación de mandato deriva de la aprobación en noviembre de 2019 de las modificaciones a la Constitución para establecer esa posibilidad, que avalaron en su momento los Congresos estatales, estableciendo un plazo que está al límite para aprobar la ley correspondiente.
Consecuentemente, más allá de ponerse de acuerdo o no como parte de una graciosa concesión, los integrantes de la LXIV Legislatura deben cumplir con su obligación o resignarse a pasar a la historia como representantes populares que optaron por ser omisos a su obligación.
A escasos días de que inicie la LXV Legislatura el bloque opositor dio una muestra palpable de la forma en la que actuará para anteponer sus intereses a las obligaciones adquiridas.
De cualquier forma, más allá de que se aprecie como una derrota de Morena o del presidente López Obrador en la arena democrática lo importante es señalar que el que pierde es el pueblo de México.
Pero de ahí a que se cierre la posibilidad de realizar la consulta de revocación de mandato aún hay un largo trecho que recorrer.
Quiera o no la oposición, sin duda habrá consulta.