En México la violencia de género sigue siendo una emergencia que no podemos ignorar. Cada día once mujeres son asesinadas. Esta cifra no solo es inaceptable, sino que refleja una profunda crisis estructural que nos desafía como sociedad.
Más allá de ser un número, cada víctima representa un llamado urgente a repensar nuestras prioridades y a exigir respuestas que transformen esta realidad.
Por décadas las mujeres mexicanas han luchado con una vocación inquebrantable por una vida más justa, más digna, más libre y, sobre todo, libre de violencia. Esta lucha no se libra únicamente en las calles, en los tribunales o en los espacios de denuncia pública. También se da en un terreno menos visible pero igual de crucial: los presupuestos.
Porque las decisiones sobre qué se financia y qué se deja en el olvido son, al final, las que determinan si los derechos conquistados se convierten en acciones o si permanecen como simples promesas.
En un momento histórico como este, en el que las mujeres participan en la política como nunca antes, el compromiso no puede quedarse en el discurso.
Exigencia
La participación política de las mujeres no solo transforma los espacios de poder, sino que redefine también las prioridades sociales. Las mujeres están colocando en el centro de la agenda temas como la erradicación de la violencia de género, la igualdad salarial, las condiciones laborales dignas y la ampliación de derechos fundamentales.
Sin embargo, estas agendas progresistas no pueden avanzar sin un respaldo presupuestal sólido.
Cualquier programa social, cualquier plan de desarrollo o reforma legislativa que no venga acompañado de los recursos necesarios es, en el mejor de los casos, letra muerta.
¿De qué sirve un discurso prometedor si los refugios para mujeres víctimas de violencia están desbordados? ¿De qué sirven las palabras si los programas de capacitación política para mujeres carecen del financiamiento mínimo indispensable?
Es hora de exigir más que palabras. Los recursos no son un lujo ni un detalle administrativo: son el eje central para que las políticas públicas dejen de ser aspiraciones y se conviertan en realidades. Es momento de exigir presupuestos que reflejen las verdaderas prioridades de una sociedad que dice estar comprometida con la justicia y la igualdad.
Cuando las mujeres lideran, las prioridades cambian. La vida, la justicia, la equidad y la dignidad ocupan el lugar que merecen en las decisiones públicas. Pero para que ese liderazgo genere el impacto que México necesita los presupuestos también deben cambiar.
Hoy, más que nunca, es urgente y obvio que la igualdad y la justicia no solo necesitan de políticas públicas bien diseñadas, sino de una inversión decidida que respalde su implementación.
El México que soñamos no llegará sin recursos. Y la igualdad no será una realidad si no se financia. Que esta sea nuestra exigencia y nuestro compromiso.