En el ámbito democrático electoral, desde hace años se concede una importancia inusitada a los debates. Una suerte de escenario y confrontación que pese al interés e importancia que se le concede no ha sido objeto del establecimiento de normas y procesos.
En cada proceso electoral gran parte de la atención social se centra en su desarrollo y organización. Los actores políticos pugnan por su desarrollo y están en la mayoría de los casos ávidos de tomar parte en ellos, por más que en ocasiones se proyecte lo contrario.
Sin embargo, la realidad es que no hay nada definido en la materia. Cada proceso electoral los participantes, mediante sus representantes en el órgano electoral, tratan de establecer la forma en la que se desarrollarán y el número de debates. El escenario real indica que es necesario contar con normas para el desarrollo de los debates, para evitar la especulación periódica.
En principio es necesario advertir cuál es la esencia de un debate y su finalidad. Y en caso de ser necesario establecer la forma en que se puede cuantificar o medir el desempeño de los participantes, para dejar en claro de manera destacada que no se trata de ganar o perder sino de brindar información a los votantes sobre sus propuestas y alcances. Una vía para ganar adeptos.
Hay que destacar esto, en el fondo, para evitar que mercadólogos y politólogos de café traten de aprovechar cada debate para señalar que ganó alguno de los participantes, sin que haya un parámetro real para medir su desempeño.
Ello representa una manera de blofear para tratar de orientar el voto ciudadano mediante una estrategia efectista sin mayor sustento que la percepción personal.
Por eso uno de los principales pendientes que tiene ante sí la próxima Legislatura es la posibilidad de normar los debates de manera integral, para definir todos los aspectos que se deben considerar.
En principio ponderar la conveniencia de evitar la confrontación directa y estéril que busca denigrar la imagen del adversario.
Aspectos a considerar
El debate es un intercambio de opiniones críticas, que se realiza frente a un público, con la dirección de un moderador para mantener el respeto y la objetividad entre ambas posturas.
Cada participante expone su postura sobre temas determinados y busca sustentarla con argumentos sólidos y claros.
El propósito es que el auditorio norme su opinión, asuma una posición y, finalmente, contribuya de forma indirecta o no en las conclusiones del debate.
Lo ideal es que los participantes limiten su exposición al tema designado, en tanto el o los moderadores deben conducir el debate para que se desarrolle conforme a lo establecido.
En pocas palabras, el momento y las circunstancias son ideales para que se establezcan normas para el desarrollo y organización de los debates.
A fin de cuentas, si los debates son tan importantes como se aprecia, resulta indispensable avanzar en la materia para evitar que en el próximo proceso electoral su desarrollo vuelva a enrarecer el ambiente.
La próxima Legislatura y el órgano electoral, junto con los representantes de los institutos políticos, a partir de la experiencia adquirida con los debates previos, tienen tiempo suficiente para enfrentar el reto de establecer la normatividad necesaria en la materia.