Entreverado entre temas álgidos y polémicas, el recientemente instalado Poder Legislativo tendrá una tarea que posiblemente se signifique en la más importante al arranque del sexenio: dotar de los recursos suficientes a la nación para que, con objetividad, racionalidad y sensibilidad, tenga los elementos para lograr una gobernabilidad democrática que tanto se necesita y se anhela en estos momentos.
La elaboración del paquete económico, concretamente el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, está a la vuelta de la esquina.
Hay que tener en cuenta que la Constitución establece obligaciones para garantizar mediante insumos de gasto e inversión diversos derechos fundamentales de los mexicanos. Pero a pesar de estar contenidos como mandato en la Carta Magna es sumamente difícil que a cada derecho corresponda la suficiencia presupuestal adecuada.
Para ilustrar esta aseveración repasemos algunos preceptos legales básicos contenidos en el articulado de la Constitución con un acomodo de importancia aportado por el que escribe estas líneas. En primer término, el artículo 4 obliga al Estado para que financie debidamente al sistema de salud; aquí cabe destacar que, conforme a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio deseable de inversión para dicho sistema entre sus países miembros ronda 9.7% del Producto Interno Bruto (PIB), pero en el caso de nuestro país tal inversión para el presente año se ubica cercana a 3%. El mismo artículo 4 menciona por igual una multiplicidad de cuestiones. Así, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, la obligatoria ayuda a proveer a personas con discapacidad, así como aquella para la provisión de becas a personas en condición de pobreza. Un catálogo amplio que resulta exigible para el Estado.
Maquinaria
En un segundo lugar colocaría al afamado artículo 3 de la Constitución: la educación es sin duda uno de los más importantes pilares del desarrollo para todo país. Así, mucho se ha transitado ya entre modelos educativos que se acoplan a ideologías de gobiernos en turno pero que, en cualquiera de sus casos, niveles y acepciones, requieren de fondos suficientes para que la maquinaria se mueva correctamente. Nuevamente habrá que ejemplificar con el referente de la OCDE, para la que el mínimo satisfactorio de inversión para este importante rubro es de 5.5% del PIB. En contraste al monto deseable, nuestro país no invierte más de 3% del PIB para tal efecto.
Una preocupación constante es la situación que se vive en torno de la seguridad pública. Esta es una tarea que durante los años ha requerido mayor apoyo económico en razón del avance y sofisticación en los métodos de operación del crimen. Tan elevada es la responsabilidad, que el artículo 21 de la Constitución establece la función desde la prevención, investigación, persecución e información de inteligencia pertinente. El monto deseable de inversión en este tema es de 1.7% del PIB conforme a la OCDE.
Es así que existen otras muchas funciones obligadas que requieren el financiamiento estatal. Tal es el caso del artículo 25 para acciones relativas a la sustentabilidad, productividad y equidad; el artículo 2, en el cual se mandata la atención a los pueblos indígenas y sus necesidades; así como el artículo 73, que especifica lo relativo a la contratación de deuda y empréstitos. Además, ya es elevada a nivel constitucional la labor asistencialista del Estado a través de apoyos y becas, las cuales sabemos que comprenden diversos rubros como adultos mayores y jóvenes sin actividad económica.
Si rudimentariamente sumamos estos rubros estamos ante un escenario que requiere una inversión estatal considerable, a reflejarse en los distintos casilleros que deberá contener el presupuesto de egresos. Es así que estaríamos hablando de un gasto que se acerca a 35% del PIB en un ideal de inversión programática. Sin embargo, actualmente se estima que dicha inversión se ubica en 26%.
Con una recaudación que se estima en 15% del PIB, el Estado mexicano se encontrará ante el reto de hacer eficiente el recurso fiscal y tratar de construir con justicia y equidad el gasto público. La cobija es corta y deberá alcanzar para cubrir a todos.