El régimen pasó la iniciativa de “supremacía constitucional” por el Congreso como suele hacerlo: al vapor. En unos cuantos días la redactó, presentó, dictaminó y aprobó en la Cámara de Diputados y el Senado. Es realmente la primera iniciativa de este gobierno; las anteriores, aprobadas por la misma maquinaria política, eran de López Obrador. La firmó, para realce, la plana mayor de Morena en el Congreso: Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores; Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado; Ricardo Monreal, coordinador de los diputados; y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
La iniciativa incluía una modificación al artículo 1 de la Constitución que violaba los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México, ya que eliminaba el principio de convencionalidad que da a esos tratados el mismo valor que nuestra Carta Magna. Esto habría convertido a México en un transgresor de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Al final se quitó esa enmienda, por lo que la iniciativa debió haber regresado al inicio del proceso legislativo, como marca la ley. Pero la prisa era mucha y los líderes de Morena decidieron violentar el procedimiento legislativo y aprobarla así.
La iniciativa dará origen a una legislación que se aplicará de manera retroactiva, también en violación a los principios no solo de nuestra Constitución sino del derecho en cualquier país del mundo en el que se respeten las leyes. No les importó a los líderes del régimen, porque el propósito de la iniciativa es precisamente establecer el principio de que todo lo que quiera hacer el gobierno será constitucional, aunque no lo sea.
A pesar de sus defectos, y de lo perverso de sus objetivos, la iniciativa fue aprobada a marchas forzadas por los senadores y diputados del régimen. En el momento de escribir este artículo vuela ya por los Congresos estatales. Al parecer, dos Legislaturas locales, las de Zacatecas y Tabasco, queriendo quedar bien con el gobierno federal, la aprobaron sin tener dictámenes, lo cual es otra violación a la ley. Para cuando usted lea este artículo ya habrá pasado todos los pasos del proceso legislativo y estará lista para ser publicada por el Ejecutivo.
Por decreto
En el doble lenguaje de la Cuarta Transformación la iniciativa ha sido calificada como de “supremacía constitucional”. La descripción es engañosa, si no francamente falsa. La Constitución siempre ha tenido supremacía entre las normas mexicanas, como lo dijo la presidenta Sheinbaum el 31 de octubre. La nueva ley no busca reiterar lo obvio sino evitar que los ciudadanos tengamos recurso ante las enmiendas abusivas de la Constitución. Es una ley de supremacía del régimen.
Hay buenas razones para considerar que esta ley es “inconstitucional”, aunque se esté incorporando a la Constitución. Nuestra Carta Magna señala que los gobernados debemos tener recursos legales frente a los abusos de la autoridad. El régimen quiere borrar este derecho por decreto y adoptar los instrumentos de gobierno de una dictadura.
No sabemos si el régimen se convertirá en una tiranía, pero con la reforma judicial que elimina la independencia de los jueces y con la desaparición de los demás contrapesos al poder la presidenta podrá hacer lo que se le antoje, sin ningún límite legal.
Podrá hacer uso de estos poderes para bien o para mal, pero México ya no será una democracia con límites constitucionales.