A la memoria de Mauricio González Reyna.
Ya tenemos nueva presidenta de la República y apuntaba yo en la anterior entrega que el antagonismo coyuntural de la inseguridad pública es el principal reto y la exigencia sustancial para ofrecer los primeros resultados del inicial sexenio, mientras que lo subsecuente será procurar retomar lo bien hecho y corregir lo necesario.
Vayamos a la seguridad interior, que es una auténtica paradoja porque desde 1824 ese concepto es directa responsabilidad del Poder Ejecutivo, pero al día de hoy carecemos de una precisión jurídica, o al menos de una referencia precisa, sobre lo que significa.
Si la seguridad pública tutela la integridad física, patrimonial y las pacíficas actividades cotidianas, la Dimensión de la seguridad interior tiene como principal objetivo la estabilidad política, la continuidad de la administración pública y la dinámica productiva.
En esas condiciones hay algunas partes de nuestra geografía que no cuentan con la estabilidad necesaria; de ahí que se haga la pregunta: ¿a quién corresponde la preservación de la seguridad interior?
Ya se analizó, discutió y votó la nueva condición de la Guardia Nacional. No obstante, las precisiones conceptuales conducen a la que es una de las indefiniciones más aletargadas en la historia de la Constitución. Las implicaciones a las que se aluden en las reformas a los doce artículos para encauzar las acciones del Estado mexicano contra la inseguridad pública reúnen —o lo intentan— coordinar cada una de las aportaciones que van desde la educación pública hasta las que conciernen de manera directa a las instancias de procuración de justicia, ámbitos de la disuasión y la contención frontal.
Para hacer un balance específico, de precisión y claro de la materia que nos ocupa, la seguridad pública, en cierto modo, en algunas partes del país ha comenzado a afectar a la seguridad interior.
Centralismo
Ahora bien, ¿con qué instituciones y recursos disponemos para contener ese deterioro? En primer lugar, con las instituciones de seguridad locales. Hay una larga lista de señalamientos a propósito de sus debilidades, pero esas son —de forma directa— consecuencias del dilatado centralismo federalista que vivimos al día de hoy.
La seguridad interior, por tanto, requiere de las aportaciones federales, administradas de forma regular, sin condicionamientos partidistas, ideológicos o de grupos; en última instancia (citando a Karl Marx) las reales e incontrovertibles determinaciones afectan a la población. Las condiciones de estabilidad generan desarrollo, pues la evidencia de la aplicación de las leyes avisa sobre las consecuencias de conductas equivocadas. Por eso es tan importante saber que a la violación de las normas corresponden sanciones proporcionales.
Pero mientras no existan sanciones efectivas a la ruptura del orden social, la seguridad interior estará en riesgo. En consecuencia, las facultades de los municipios deben ser reforzadas desde el presupuesto asignado para la seguridad pública.
El persistente centralismo, arrastrado a partir de la vida independiente de México, ha favorecido las consecuencias que padecemos a propósito de la contradicción seguridad pública/seguridad interior.
La nueva presidenta bien puede dirigir el regreso y puesta al día del federalismo y el fortalecimiento del municipio. Llegó la hora.