La sentencia dictada a Genaro García Luna el pasado 16 en la Corte Federal de Nueva York es un auténtico parteaguas —y no por las mejores razones— en las condiciones de cooperación entre las áreas de inteligencia y seguridad civiles de México y Estados Unidos.
Son varios y públicos los reconocimientos que el secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) recibió por parte de sus homólogos del país vecino del norte.
Incluso el tratamiento migratorio para que radicara por poco más de diez años en Miami antes de que fueran descubiertas sus redes delictivas, no deja de llamar la atención.
Es muy importante en este tipo de situaciones procurar mantener la animosidad bajo control; de lo contrario las consignas, las radicalizaciones, descalificaciones y demás manifestaciones de encono sustituyen a los análisis del contexto y las indudables consecuencias que habrán de vivirse en el corto y mediano plazo.
Tomemos en consideración las posturas críticas del expresidente López Obrador a la forma de actuar de la Administración de Control de Drogas (DEA) en nuestro país. El notable distanciamiento tuvo como referente fundamental la arbitraria detención del general Cienfuegos Zepeda en Los Ángeles el 15 de octubre de 2020.
A ese delicado y grave hecho se le deben adjuntar algunos otros desencuentros a lo largo de la presidencia de Joseph Biden, que culminaron con el distanciamiento personal entre López Obrador y el embajador Ken Salazar.
En medio de esos múltiples acontecimientos un juicio que llevaba casi tres años culminó el pasado miércoles 16 y con ello se establecen una serie de criterios que no abonarán precisamente a la cooperación y confianza. Sobre todo, porque son escasas, muy escasas, las noticias que se tienen de detenciones de importantes delincuentes estadunidenses, cabecillas de organizaciones dedicadas a tráfico de drogas, en especial cocaína, metanfetaminas y fentanilo.
Coyuntura
Por lo que hace en sentido estricto a la sentencia contra García Luna, contando que también tuvo cargos de relevancia durante el sexenio del presidente Vicente Fox, entre ellos la Agencia Federal de Investigación (AFI) que suplió a la Policía Judicial Federal, se trata, como se lee, de un policía de larga trayectoria y con amplios conocimientos de los entresijos de la seguridad pública y de la delincuencia organizada.
De ahí la relevancia de la sentencia de 38 años dictada por el juez (eventualmente cumplirá la condena a los 94 años), pues en algún momento podría motivar que García Luna, como otros acusados y delincuentes confesos, se acoja a la polémica figura del “testigo protegido”. Por cierto, de manera simultánea, justo para el viernes 18 se programó la segunda audiencia en el caso de Ismael El Mayo Zambada, también en la misma fiscalía de Nueva York.
La sentencia a García Luna y los juicios contra El Mayo y Joaquín El Chapo Guzmán, debido a la forma en que fueron presentados ante las autoridades judiciales de Estados Unidos, traerán sin lugar a dudas una profunda revisión de las condiciones para llevar a cabo las tareas prioritarias en cuanto a la cooperación y coordinación de las agencias civiles de los dos países, para hacer frente de manera exitosa al crimen organizado trasnacional.
A unos cuantos días de que se presentó la Estrategia Nacional de Seguridad, donde no hay alusiones a las condiciones del contexto internacional, quizá sea momento para incorporar tan relevante variable en la política y programas referentes a la recuperación de la seguridad pública. Es una coyuntura clave, no hay duda, que debe aprovecharse en el mejor de los términos.