EL REY SIN CASTILLO

Guillermo Deloya
Columnas
Alito Moreno

Se dice que la cosecha de lo que se siembra tarde o temprano se recoge con creces. Y en política una actitud voraz, cerrada y favorecedora de un pequeño círculo de incondicionales generalmente lleva a forzar acciones que acaban por impregnarse de ilegalidad.

Este es el caso de lo ocurrido recientemente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que además de enfrentar el decremento acelerado de preferencias electorales ha estado sometido por los designios de un presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que ha hecho propiedad personal de la totalidad del instituto político.

La apropiación paulatina de los órganos de deliberación partidista fue una acción planeada y deliberada por un dirigente nacional que propuso un discurso muy distinto a lo que realizaba en la realidad. Se buscó en la apariencia que el efecto de que cualquier decisión “colegiada” obedeciera a una supuesta legalidad fincada en lo colectivo, pero no hubo más voluntad que el designio de Alejandro Moreno. Así, la fractura que ya de por sí propició una larga cadena de derrotas electorales se hizo honda e irreparable.

Por ello no es extraño que el cuestionamiento e inconformidad de diversos actores políticos pertenecientes o simpatizantes de aquel partido político haya derivado en una acción legal que al menos en una primera instancia viene a echar para atrás la más cercana artimaña implementada para perpetuar en la dirigencia a Alito.

Recordemos que el pasado 7 de julio la XXIV Asamblea Nacional Ordinaria, máximo órgano deliberativo y ejecutor del Revolucionario Institucional, votó a favor de la modificación a sus estatutos a efecto de permitir que Moreno se reeligiera casi ad perpetuam en la dirigencia. Pero no bastaba con una reelección inmediata: se aprobó que la modificación al artículo 178 de los estatutos partidistas concediera la posibilidad legal de que la dirigencia se pudiese reelegir hasta por tres periodos.

Sin validez

El problema con tal exceso se presenta al haber efectuado una modificación a los documentos básicos, concretamente a los estatutos, cuando aún transcurría el periodo electoral. Dicha situación está expresamente prohibida en el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos. En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que tales modificaciones eran ilegales, por lo que el acto electivo del dirigente quedaba sin validez. Sin embargo, ante la impugnación que ya ha realizado la cuestionable dirigencia del partido corresponderá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolver el fondo del asunto.

Pero más allá de una confirmación o de una revocación de la decisión del INE, pesa sobre Alito un escenario de debilitamiento y resta de credibilidad que lo sorprende en un momento sumamente complicado para la vida democrática de nuestro país. La interlocución con el poder y los factores del mismo de un personaje que pisa sobre hielo quebradizo es altamente cuestionable.

Sin embargo, esta dirigencia partidista rompe con todas las reglas del mérito posibles. Generalmente, los buenos resultados se premian con continuidad y las deficiencias consiguen la reprimenda del retiro forzado. En este caso, para el PRI, no opera así.

Partamos del escenario donde Moreno recibió un partido que en 2019 tenía una presencia respetable. La dirigencia de Alito ha conseguido lo que históricamente ninguna otra había logrado; perdió 13 gubernaturas y redujo la militancia partidista en 73%, es decir, casi cuatro millones menos de priistas desde que tomó las riendas del instituto político. Se requirió de talento inverso para que en 2021 perdiera ocho gubernaturas, incluido su estado natal, Campeche. Siguió la caída de Hidalgo en 2022 y del Estado de México en 2023. Aunado a la dirigencia de su ahora aliado Marko Cortés en el Partido Acción Nacional (PAN), se conjugó la dupla de peores dirigencias que además quisieron transitar como una “sólida” oposición al inminente avance de Morena.

El PRI pasó de ser segunda fuerza política al momento de elegir a Alito, a ser cuarta fuerza en la actualidad, superado incluso por el partido que históricamente había sido su satélite, el Partido Verde.

Lo cierto es que Moreno ha logrado consensos en su contra y adversidades que lo hacen un desterrado. Un rey sin castillo que baila sobre sus propias cenizas.