Los líderes de Morena en el Congreso se echaron para atrás en algunos de los puntos de las reformas constitucionales que introdujeron el 22 de octubre para impedir la impugnación de las reformas constitucionales que eliminan la independencia del Poder Judicial. Esta retractación era indispensable.
En el afán por impedir impugnaciones llegaron a abusos inaceptables, dignos solo de una dictadura.
La peor enmienda era la del artículo 1 constitucional que establecía que “las normas relativas a los derechos humanos (…) en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad”. En lenguaje común y corriente, esto significaba que los mexicanos ya no podríamos recurrir a las convenciones y tratados internacionales para echar para atrás reformas constitucionales violatorias a los derechos humanos.
La enmienda era y es una vergüenza. Colocaba a México en el nivel de las tiranías más cuestionables del mundo, aquellas que no aceptan ni siquiera los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente por tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (el famoso Pacto de San José) o la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
Todo parece indicar que la propia presidenta Claudia Sheinbaum fue quien les puso un freno a los líderes de Morena ante una iniciativa que convertía a México en una dictadura. ¡Qué bueno que lo hizo!
Sigue habiendo, no obstante, muchos cuestionamientos sobre los elementos que han quedado en la reforma, la cual está pasando nuevamente por las cámaras legislativas en una vertiginosa vía rápida. Inquieta, por ejemplo, la imposición retroactiva de una prohibición a la impugnación de reformas constitucionales. Un principio no solo de la Constitución mexicana sino de toda legislación en el mundo es que las disposiciones no se deben aplicar de forma retroactiva. Si se aprueba esta iniciativa tal y como está se estará introduciendo una nueva contradicción al cuerpo de la Constitución mexicana, ya que se violará el principio de no retroactividad en perjuicio de los derechos de los afectados.
Propósito
La verdad es que toda Constitución tiene contradicciones y mucho más la nuestra, que ha sido enmendada más de 700 veces en sentidos contradictorios. Tan solo en el último mes y medio se le han hecho una decena de cambios. Los legisladores de la mayoría (Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo) a menudo se ven obligados a levantar el dedo para hacer estas modificaciones sin siquiera leer las iniciativas. Esto lo sabemos porque los propios legisladores hacen declaraciones que exhiben su desconocimiento de las leyes que están aprobando.
En cualquier país del mundo se necesita una institución que considere y resuelva las contradicciones de una Constitución. En los que viven en un Estado de Derecho esta labor la hacen las cortes supremas o los tribunales constitucionales. En México el papel le ha correspondido siempre a la Suprema Corte.
Sin embargo, el gobierno de Morena, en su afán por asumir poderes absolutos, quiere impedir que los tribunales puedan revisar la constitucionalidad de las leyes que aprueba su bancada. Ese es el propósito de las nuevas enmiendas que están siendo aprobadas al vapor.
¡Qué bueno que la presidenta Sheinbaum obligó a sus legisladores a retractarse de las disposiciones más dictatoriales! Pero eso no significa que lo que ha quedado en la iniciativa sea sensato. Un gobierno no es democrático si no hay un tribunal que pueda determinar si las leyes violan o no los derechos fundamentales.