Mientras la candidata ganadora de la contienda presidencial, Claudia Sheinbaum, ofrece dialogar con la oposición y los especialistas para sacar una reforma judicial consensuada, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste una y otra vez en que la reforma la sacará adelante su maquinaria política en septiembre, antes del cambio de gobierno.
El diálogo de poco sirve cuando ya el gobierno ha tomado la decisión de cómo debe ser la reforma. La característica más cuestionable de la iniciativa que lanzó el presidente el 5 de febrero es que los jueces, magistrados y ministros deben ser electos por voto popular. En el caso de los ministros, los candidatos surgirán de postulaciones que garantizan que estos sean leales al propio gobierno. El objetivo es que el Poder Judicial quede sometido al Ejecutivo como ya lo está el Legislativo. Esta reforma eliminaría uno de los pocos contrapesos que quedan ante el creciente poder del Ejecutivo. Estamos regresando a un régimen de Presidencia imperial con partido hegemónico como el que tuvimos con el PRI de 1929 a 2000.
“¿La elección de los juzgadores es irreductible?”, se le preguntó al presidente López Obrador en su mañanera del 12 de junio. “Sí, para nosotros sí, que se someta al escrutinio público”. Y añadió: “Es un asunto esencial, es la elección de los jueces, que el pueblo los elija”.
Ante esta decisión ya tomada del presidente la invitación de la doctora Sheinbaum a un diálogo suena hueca. ¿Qué caso tiene dialogar, consultar o realizar un “Parlamento Abierto” cuando ya el presidente, un presidente que tendrá un poder inédito en el Congreso a partir del próximo 1 de septiembre, ha decidido la característica definitoria de la reforma judicial? Quizás esta vez se dialogue acerca de si se debe cambiar una coma por aquí u otra por allá, en un sexenio en que el presidente ha sido insistente en que sus iniciativas se aprueben sin cambiarles una sola coma o incluso sin permitir a los legisladores de la oposición leerlas, pero el mensaje de López Obrador es muy claro: la reforma judicial se hará como él dice. Además, como la reforma “urge”, tendrá que aprobarse en septiembre, antes de que el nuevo gobierno asuma su mandato el 1 de octubre.
Maquinaria
Lo peor es que se trata de una reforma que ni siquiera se ocupa de los problemas reales del Poder Judicial. Tenemos un sistema de justicia engorroso, complicado y lento. El precepto constitucional de que la justicia debe ser pronta y expedita cae por tierra de manera consuetudinaria en los tribunales. Lo mismo ocurre con el principio de que la justicia debe estar disponible para todos. En nuestro país la justicia solo es accesible a quien puede pagar un buen abogado.
En lugar de hacer una reforma que alivie los problemas de fondo del sistema de justicia, el presidente quiere que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, para que la poderosa maquinaria electoral que ha construido le permita someterlos. Su objetivo no es mejorar la justicia, sino acabar con la independencia judicial.
Con esta reforma el presidente López Obrador sigue queriendo mandar al diablo las instituciones que se empezaron a crear en la década de 1990 para construir en México un sistema político de contrapesos similar al de los países democráticos. Su objetivo es regresar al país de la “dictadura perfecta”, como la llamó Mario Vargas Llosa, cuando el presidente mexicano era un verdadero emperador sexenal. El país está sufriendo un retroceso de 30 años en su desarrollo político.