Me refiero a las dimensiones de la seguridad en cuanto a los bienes que tutelan cada una de ellas. De la seguridad pública, a la seguridad internacional, pasando por la interior, la nacional y la regional. En efecto, y como es lógico, esos círculos excéntricos (es decir, del centro a la periferia) tienen cada uno responsabilidades y misiones específicas, así como recursos para cumplirlas: leyes, presupuestos, instituciones, convenios, programas educativos y de difusión, entre muchos otros.
De ahí que para establecer sus necesidades con el paso del tiempo y en función de las características específicas (historia, geografía, sistema político…) de la nación y sociedad de que se trate, dichas dimensiones de la seguridad comparten algunos aspectos fundamentales.
Tanto los programas como las políticas, en cualquiera de las áreas de la administración pública, deben ser analizados, evaluados y, en su caso, ajustados. Lo mismo sucede con las instituciones. Por ejemplo, desde la Presidencia de la República, sin aludir a un sexenio en particular, se crean o suprimen secretarías de Estado conforme al proyecto político del titular del Poder Ejecutivo. Sea la política económica —caso muy evidente, los programas de salud—, en materia educativa y/o, por supuesto, en las tareas y dimensiones de la seguridad demandan un ineludible e incluso obligatorio proceso de revisión. Tal condición es una premisa básica.
Precariedad
La principal pregunta es: respecto del programa “X” y de la política “Y”, ¿qué debe continuar; qué se debe corregir; qué se debe instrumentar o iniciar; y, por último, pero muy importante, qué se debe suprimir?
Enfoquemos para el objetivo de esta colaboración el necesario balance y análisis en cuanto a la seguridad pública con datos verificables, resultados medibles y comparativos, utilizando información y planteamiento internacionales y multilaterales, así como los planteamientos de especialistas y organizaciones sociales enfocadas en la materia. Desde luego que hay historias de éxito, pero también hay evidentes fracasos y limitaciones.
La próxima Legislatura y el siguiente gobierno de la República habrán de actuar de inmediato en cuanto a las dimensiones de la seguridad, comenzando por lo que más afecta a la ciudadanía, que es la delincuencia común.
El tiempo ya se acabó. Me refiero a que debe cerrarse el paso a improvisaciones, ocurrencias y voluntarismos; no hay duda de la buena disposición y compromiso de funcionarios y funcionarias en las áreas de seguridad pública, pero eso no es suficiente. Es determinante contar para la siguiente etapa en el desarrollo de México con el factor humano y la precisión de los objetivos para recobrar, en los hechos, la paz pública en varias partes del país.
Uno de esos factores clave a los que he aludido de lo que debe hacerse es la puesta al día de las policías municipales. Durante dos años legislativos y fiscales (2021 y 2022) la Cámara de Diputados suprimió, con el voto de Morena y sus aliados, dos subsidios federales: el Subsidio para la seguridad municipal (Subsemun) y el Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública (Fortaseg).
Es decir, que a la precariedad de las condiciones laborales de un trabajo y responsabilidades tan peligrosas de las y los policías debemos añadir la eliminación de los recursos federales para garantizar la preservación y/o recuperación de la paz pública.
Resulta evidente que durante el sexenio por finalizar esto no se consideró como una prioridad, ni mucho menos. Es momento de retomar la esencia del pacto federal y del auténtico municipio libre.