Las condiciones y formato con los que se llevan a cabo los debates políticos en México siguen siendo rígidos, poco dinámicos en cuanto al intercambio directo de ataques y contraataques, así como de notable brevedad para exponer lo fundamental para ese tipo de foros: las propuestas.
Analicé los tres debates por la Presidencia de la República. Sin duda —y no será una novedad señalarlo—, quedaron muy distantes de la articulación de una propuesta consistente de lo que las candidaturas harían en caso de ganar la competencia electoral.
Lo que vimos y escuchamos el domingo 19 en la noche fue en sí mismo el capítulo tres del mismo guion en cuanto a comportamientos y objetivos de corto plazo, es decir, tratar de “ganar” el posdebate.
Empero, la predominancia de dicha meta obnubiló por completo la presentación medianamente articulada de los planteamientos en cualquiera de los temas que significan a su vez los retos para el país, haya o no elecciones. Me explico: el peligro que significa para la estabilidad del Estado mexicano, por ejemplo, la corrosiva actividad del crimen organizado y la delincuencia común, apenas si fue abordado en el último debate.
Pero no solo eso. Tampoco se abordó el asunto complejo y doloroso de la violencia criminal a lo largo de las campañas. Aún queda espacio, simbólico y muy relevante, en los discursos de cierre de campañas. Sobre todo porque hemos venido padeciendo un constante e incontenible incremento de la violencia homicida en todo el país. Las cifras dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que los recientes fines de semana son los más violentos en lo que va de este año en cuanto a homicidios dolosos. Tan solo el mismo día del tercer debate se alcanzó la cifra promedio de un homicidio cada 45 minutos.
Tareas
Sin duda, hasta el momento y en la recta final de las campañas presidenciales estas quedaron a deber en diversos e importantes temas, pero sobre todo, insisto, en materia de seguridad pública. Mientras se desarrollaban las contiendas por otros cientos de cargos federales y miles a nivel municipal y estatal, la dinámica delictiva en el país seguía (y sigue) su agresiva actividad.
Parecieran dos realidades paralelas, donde solamente cuando una candidata o candidato es agredido, en especial en las campañas municipales, se retoma la trascendencia del grave problema de la inseguridad.
De ahí que llamara la atención la escasez de tiempo y de calidad dedicados en estos meses para tratar un tema que es la prioridad número uno de la sociedad.
Sin embargo, hay una segunda oportunidad, para fortuna de todas y todos. Me refiero al periodo que va del 3 de junio al 1 de octubre (cambio de Poder Ejecutivo), donde se formulan las bases de lo que poco después será el Plan Nacional de Desarrollo y los obligados foros de consulta para su integración. Partamos del entendido de que esta etapa por concluir, la búsqueda del voto, reclamó intensidad en cuanto a la actividad para el acercamiento mediante mítines, marchas y concentraciones. Discursos, arengas, consignas, sustituyeron notablemente a los contenidos y propuestas viables. Predominaron, como suele suceder (aunque no debiera) el voluntarismo, la improvisación y, por momentos, las ocurrencias.
Así, nos quedan por delante los escenarios para ir confeccionando lo que el país requiere en materia de seguridad pública y otros. Incluso considerar que detrás de ese gran desafío que es devolver la tranquilidad cotidiana en varias partes del país hay tareas inaplazables como la restructuración de los sistemas penitenciarios, el fortalecimiento de las policías municipales y estatales o las funciones de la Guardia Nacional, por mencionar algunas.