A pesar de lo estridente que resulta la iniciativa de los senadores estadunidenses Dan Crenshaw y Michael Waltz, la equiparación legal a calidad de terroristas del crimen organizado mexicano aún es una frontera que se ve lejana. Sin embargo, la construcción de una narrativa de caos y adversa para México escala peldaños día a día en razón de los lamentables sucesos que dan cuenta de la existencia de un país sumido en la violencia, conforme lo expresan arriba de nuestra frontera norte.
Una iniciativa que de aprobarse permitiría al ejecutivo estadunidense el uso de la fuerza incluso de forma extraterritorial para efecto de combatir a aquellos que dañen los intereses y salud de los norteamericanos mediante el tráfico de estupefacientes, subrayadamente de fentanilo.
Es de señalar con insistencia que el tema ha tendido a escalar y en presentes días se unieron al reclamo un par de decenas de fiscales estatales e incluso el escenario motivó el posicionamiento neutral sobre el tema por parte del fiscal general Merrick Garland. Y qué decir de la presión social y mediática que deriva de los lamentables asesinatos en Tamaulipas de los ciudadanos estadunidenses, tema que aporta al argumento negativo sobre México.
El cuestionamiento viene a cimbrar de raíz las estructuras de cooperación entre los países. La inconformidad por lo que se estima ha sido un fracaso vendrá a imponer nuevas presiones para hacer una revisión integral en Estados Unidos respecto de la política de ayuda para el combate al crimen en países como Colombia y México. Lo cierto es que los varios millones de dólares que los norteamericanos proveen para tales efectos, hoy como nunca estarán en duda respecto de su efectividad. La continuidad en los fondos que derivan del Plan Mérida probablemente se someterá a un nuevo escrutinio y los ánimos para proveerlos por igual se endurecerán.
Proveedores
Pero a pesar de lo complicado que es el panorama en nuestro país, la solución integral involucra a dos naciones. No es viable ponernos con exclusividad en el banquillo de los acusados cuando aún no se ha tomado acción decidida sobre temas que tangencialmente nos afectan a ambos al alimentar el problema del tráfico de drogas. EU sufre la pérdida de más de 70 mil connacionales al año solamente por el abuso en el consumo de fentanilo; si esto no es un mercado de consumo desbordado que propicia un problema de salud real, entonces no sabríamos qué es.
El amago que se hace para catalogar a las organizaciones criminales como terroristas no es conveniente para nadie. Dicha acción bien puede afectar las relaciones comerciales, la economía compartida, la propia política migratoria respecto de los mexicanos, los flujos derivados del turismo, así como un sinfín de consecuencias que sencillamente no son deseables. Por ello se antoja difícil que la Cámara de Representantes apruebe la moción legislativa para tales efectos, pero sin duda este será el parteaguas para entrar en un nuevo esquema de discusión sobre la relación entre naciones.
Desde aquel 2019 en que Donald Trump parecía más decidido a llevar a cabo la acción ejecutiva de declaratoria, no había existido un momento donde esta posibilidad se hubiese hecho presente. Hoy el accionar criminal de organizaciones como las que despliegan el Cártel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, el del Golfo, los Zetas, los Templarios, Juárez, Beltrán Leyva y un lamentable etcétera, ponen a México en un escenario complicado donde todos los reflectores internacionales estarán puestos sobre las acciones inmediatas que tomemos como país.
Sin embargo, nuevamente hay que destacar que mientras no se combatan con objetividad y decisión las perniciosas proveedoras del crimen en cuanto a armamento y consumo, estaremos atrapados a eternidad en paliativos y golpes poco articulados para desmantelar al gran monstruo que significa este flagelo. Solo para tomar un referente, se estima que en México hay 13 millones de armas sin registro, el 65% de estas son usadas en actividades del crimen organizado. Y al menos 70% de dichas armas proviene de EU. En esa visión y dato, ¿es este un problema compartido o de verdad solo existe responsabilidad para una parte?