La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para impulsar desde ahora el denominado Plan C es abiertamente futurista y electoral. No hay duda: si Morena quiere realizar todos los cambios que desee en el plano constitucional necesita contar con mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, lo que representa un reto mayúsculo si se consideran varios factores.
En primer lugar, que en las boletas electorales de 2024 no participará López Obrador, por lo que los candidatos de Morena tendrán que atenerse al nivel de aceptación social que posean.
Con el paso de los meses y al amparo del desarrollo de las campañas las arengas y conducción desde Palacio Nacional perderán peso e influencia como consecuencia de un proceso obligado de transición del ejercicio del poder.
Por otra parte, no hay que olvidar que al anticipar la estrategia de Morena los partidos de oposición desde ahora enfocarán su actividad en mantener el voto duro opositor, en el entendido de que es necesario incluso para su supervivencia.
Además, la experiencia en el plano electoral que arrojó la Ciudad de México en el proceso de 2021 dejó en claro que hay un amplio sector de la población urbana que no apoya a Morena y sus aliados.
Y en en este momento las tendencias que se observan en el desarrollo del proceso electoral mexiquense indican que hay una clara y evidente división en el electorado. En términos generales existe un empate técnico que se romperá con la determinación de los indecisos. Un ejercicio de Massive Caller difundido el 13 de mayo establece que 44.5% de los participantes votaría por Delfina Gómez, en tanto que 39.4% lo haría por Alejandra del Moral.
Ejercicios
Pero lo que es innegable es que el voto mayoritario difícilmente le alcanzaría a Morena en este momento para ejercer un control total en el Congreso de la Unión. Por lo que hace a las proyecciones en torno del proceso electoral, un ejercicio de Massive Caller realizado el 11 de mayo indica que por Morena y sus aliados votaría 44% de los participantes; 29.1 lo haría por la coalición Va por México; 8.1 por Movimiento Ciudadano y 6.2% por el PVEM, lo que permite apreciar que el voto sería dividido y bajo las actuales circunstancias de división que se incrementarán durante el proceso electoral se polarizarán aún más las posiciones.
En este contexto, no hay duda de que la disputa de Morena y la oposición se dará en torno del voto de los indecisos, cuya participación se antoja definitiva.
Lo que es evidente bajo las actuales circunstancias es que los cambios que hoy el Ejecutivo plantea debió impulsarlos desde el inicio de su gestión, cuando tenía una mayor representación en el Congreso de la Unión. Y, por supuesto, el apoyo mayoritario de la ciudadanía.
A casi cinco años de distancia, la propuesta que emana de Palacio Nacional parece anticiparse al escenario, pero llega a destiempo. En el fondo la ciudadanía está dividida y por más cálculos o aproximaciones que se realicen lo evidente es que hay un amplio sector de la población que con sus votos puede impedir que se concrete el anhelo de que en la próxima legislatura Morena y sus aliados cuenten con una mayoría calificada.
Sobre el particular hay que recordar que desde 1997 la población comprendió la importancia de que el gobierno en turno cuente con contrapesos. En aquel año, con Porfirio Muñoz Ledo como uno de los legisladores más visibles de la oposición, el presidente en turno tuvo que aceptar la existencia de una correlación entre poderes que resumió en una frase que bajo las actuales circunstancias resulta más que atinada: el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone.
En esa Legislatura se hizo evidente por primera ocasión el enorme peso que tiene una minoría opositora. De ahí que ante el Plan C no quede más que concluir que llega tarde.