No hay duda: la pérdida de registro del PRD vendrá a modificar sustancialmente el panorama político nacional.
El partido perdió identidad y arrastre de manera natural al separarse de los preceptos que le dieron origen. Ahora lo que queda de su estructura tratará de recomponer la figura, pero en los hechos dejó de existir. Su capacidad de movilización y militancia mermó con el paso de los años, hasta hacer inminente su desaparición. Una senda que, guardadas las debidas proporciones, parece seguir el PRI bajo la presidencia de Alejandro Moreno. Los estados y municipios que gobierna, así como el número de sus legisladores, tanto federales como locales, dan cuenta de ello.
Desde donde se quiera ver, es claro que Morena es al momento el partido de las mayorías y sigue ganando adeptos; en tanto que Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado como guía moral visible, se mantienen como una opción viable para un número considerable de ciudadanos.
Durante los años que están por venir el reto será sin duda esperar que el sistema político nacional se ajuste para limitar, hasta donde sea posible, el surgimiento de partidos, con la expectativa incluso de reducir el número de integrantes del Congreso de la Unión a fin de zanjar de manera definitiva la pugna periódica por la forma en la que se distribuyen los escaños y curules.
En el fondo, lo realmente deseable para contar con un sistema político democrático menos costoso sería que se ajustara el número de partidos con registro y en su caso se supervisara de manera escrupulosa el surgimiento de nuevos institutos políticos.
Gran calado
Si el propósito es contar con un sistema político democrático resulta vital ajustar al máximo las instancias y mecanismos de supervisión y revisión del financiamiento que los partidos reciben.
Esta sin duda debe ser una asignatura pendiente que en términos generales debiera sacar adelante la Legislatura cuyos trabajos recién inician.
Una acción que simplificaría en gran medida el desarrollo de la vida democrática nacional y alentaría una mayor comprensión y participación de la ciudadanía.
En todo caso, el tema no es nuevo: durante años ha estado sobre la mesa a la espera de que alguien se anime a sacarlo adelante y bajo las actuales circunstancias la 4T parece contar con un escenario ideal para redefinir las reglas y concretar una reforma electoral y un ajuste al sistema de partidos de gran calado.
No hay que perder de vista que en países como Estados Unidos y Canadá su sistema de partidos es reducido. Además, por supuesto de que un número elevado de partidos políticos, no es garantía ni sinónimo de una amplia democracia.
Las opciones al electorado deben ser claras a fin de que elija, sin dejar de lado que la legislación mexicana permite la participación legítima de candidatos independientes.
En suma, lo deseable sería realizar una consulta popular con carácter vinculatorio que permita captar en el fondo si la ciudadanía está a favor o no de la reducción del número de partidos, el ajuste al financiamiento público que reciben y, de paso, un ajuste a la composición del Congreso de la Unión, por lo que hace a las representaciones plurinominales.