Recientemente las mujeres han cobrado un papel altamente relevante en la política mexicana. Gracias a un esfuerzo colectivo y a una lucha histórica, vivimos en la era de la #ParidadEnTodo.
Una reforma constitucional en 2019 representó un hecho insólito que puso fin a más de un siglo de batallas femeninas por exigir plenamente sus derechos políticos: el derecho a votar y a ser votadas en plena igualdad de circunstancias que los hombres.
Este derecho, durante décadas obstaculizado y arrebatado, ahora está garantizado en nuestra Carta Magna, asegurando que 50% de los cargos de decisión serán para mujeres en los tres Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal; en organismos autónomos; y en candidaturas políticas.
Finalmente se logró una participación política de las mujeres paritaria, real y efectiva. Al menos en el papel. Y estamos siendo testigos de cómo se construye en la práctica.
La capacitación y profesionalización política de las mujeres es esencial en México no solo porque se trata de darle mejores herramientas a la clase política para abordar los complejos desafíos que enfrenta nuestro país, sino porque además es una obligación que garantiza nuestro marco legal. Todos los partidos políticos están obligados por ley a destinar al menos 3% del financiamiento público anual que reciben para actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Así lo mandata la Ley General de Partidos Políticos.
Dicho 3% es solo un piso mínimo, pero hace falta redoblar esfuerzos en favor de la profesionalización política.
En febrero de 2022 la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que permite a los partidos políticos asignar entre 3 y 10% de su financiamiento público ordinario para estos fines. Esta medida busca garantizar que los partidos cumplan con sus obligaciones de promover la igualdad de género de manera efectiva.
Batallas pendientes
A pesar de las diferencias, podemos identificar intereses comunes que pueden llegar a unir a las mujeres en la política.
En 2007, hace ya 17 años, se expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Hay avances, pero no es suficiente. Se requiere seguir caminando en este tema a nivel legislativo.
Sin embargo, hay muchos otros temas prioritarios en los que convergen los intereses por una mejor vida para las mujeres: salud, educación, inclusión, respeto a nuestros derechos políticos…
Las mujeres que actualmente se desarrollan en el ámbito de la política como militantes, servidoras públicas, legisladoras locales, federales y recientemente gobernadoras, entre otros cargos, tienen batallas pendientes para abrir brecha en favor de 51% de la población de este país. Mujeres de todas las condiciones y de todo el país exigen que se respete el Estado de Derecho y se les permita vivir la vida que la ley en teoría nos garantiza.
Las autoridades electorales deben vigilar que los partidos políticos nacionales y locales destinen los recursos etiquetados para ello. Los partidos pueden destinar estos fondos para financiar investigaciones, organizar mesas de trabajo, conferencias, talleres y eventos sobre la incorporación de las mujeres en la vida política de México y temas de empoderamiento y liderazgo.
Promover la participación femenina es indispensable para fortalecer nuestra democracia y crear una cultura política inclusiva. Este esfuerzo no solo beneficia a las mujeres, sino a toda la sociedad, asegurando una representación más equitativa y justa en todos los niveles de gobierno.
Aquí daremos seguimiento a la transparencia y rendición de cuentas de los presupuestos destinados al liderazgo político de las mujeres.